Dip. Magaly Deandar expresa preocupación por propuesta de Ley de Ingresos de Reynosa que afecta sector ferroviario
Por Margil Zapata.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante la sesión de las Comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, y de Asuntos Municipales del Congreso del Estado de Tamaulipas, celebrada ayer, la diputada y secretaria de la Comisión de Finanzas, Magaly Deandar Robinson, manifestó su preocupación por la reciente propuesta de la iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
En ese tenor, la diputada señaló que la propuesta contempla diversos cobros que podrían impactar negativamente al sector ferroviario y a sus operaciones, lo que, a su juicio, podría generar efectos adversos en este sector clave para la economía local y nacional. Deandar Robinson enfatizó que la iniciativa podría estar invadiendo esferas de competencia federal, violando principios fundamentales como la proporcionalidad y equidad tributaria, además de contravenir la Ley de Coordinación Fiscal al incluir nuevos cobros no contemplados en acuerdos previos.
Asimismo, la legisladora explicó que la Ley de Coordinación Fiscal establece que las entidades federativas y sus municipios, al adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y coordinarse en materia de derechos, no podrán ejercer derechos estatales o municipales relacionados con licencias, anuencias, concesiones, permisos o autorizaciones. Tampoco podrán imponer obligaciones o requisitos que limiten el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios, ni por el uso o posesión de bienes en vías públicas.
«Este tipo de cobro ponía en riesgo el tratado fiscal —que puede tener el estado, incluso, lo puede perder también el municipio— y se pueden perder las participaciones federales», dijo la legisladora a representantes del municipio de Reynosa quienes también estaban durante la sesión.
Finalmente, es de destacar que esta postura surge en el contexto de un análisis detallado sobre la viabilidad y legalidad de la propuesta, a fin de asegurar que las decisiones tomadas no perjudiquen a sectores clave de la economía y estén alineadas con las normativas fiscales nacionales y estatales.
