Ante casos documentados de abusos cometidos en Tamaulipas por la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, la CNDH concluye los expedientes de queja con base en los informes de esas instituciones, sin realizar investigaciones exhaustivas y sin considerar las pruebas que presentan los afectados
Ante casos documentados de abusos cometidos en Tamaulipas por miembros de la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina –entre ellos ejecuciones y masacres–, la CNDH concluye los expedientes de queja con base en los informes de esas instituciones, sin realizar investigaciones exhaustivas y sin considerar las pruebas que presentan los afectados. En los hechos, el organismo “no defiende los derechos de las víctimas –su razón de ser–”, sino que “se vuelve defensor del agresor” y con ello “garantiza impunidad” y se coloca en un “nivel de confabulación” con las Fuerzas Armadas, señala el activista de derechos humanos Raymundo Ramos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Señalada de abdicar en sus funciones ante la militarización de la seguridad pública del país, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, “avala” masacres, ejecuciones sumarias, torturas, allanamientos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza militarizada desde hace dos décadas.
Tal es la acusación que lanza Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien durante el proceso de auscultación para designar a la persona que sucedería al entonces ombudsman Luis Raúl González Pérez, decidió respaldar en nombre de su organización a Piedra Ibarra, hija de la icónica luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, e incluso acudió a su toma de protesta ante el Senado, el 12 de noviembre de 2019.
Tres años después, el miércoles 7, ante el pleno del Senado, para explicar la tibia actuación de la CNDH frente a abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, Piedra Ibarra informó que había emitido 12 recomendaciones contra la Guardia Nacional y 10 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre hechos pasados y del presente, y argumentó:
“La realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales”.
Un día antes de emitir esas declaraciones, en Nuevo Laredo, María Isamar Pérez Caballero denunciaba, desde una cama de hospital, que miembros de la GN le dispararon sin motivo mientras transitaba en su automóvil en las inmediaciones del Puente Internacional.
En una videograbación divulgada por el CDHNL, la mujer narra que una camioneta de la GN intentó cerrarle el paso, pero ella aceleró; los militares la alcanzaron e impactaron su vehículo, para después dispararle en dos ocasiones.
“Me empezaron a hablar muy feo, me quebraron los vidrios del carro, les pedí ayuda, miraron que estaba sangrando y no me quisieron ayudar”, narró María Isamar, al reconocer que fueron los vecinos que atestiguaron lo ocurrido quienes pidieron una ambulancia que la trasladó al Hospital de Especialidades, donde es atendida por heridas provocadas por impactos de arma de fuego.
Este caso, presentado ante la CNDH, forma parte de una serie de quejas que alertan sobre los riegos que vive la población de Nuevo Laredo ante la militarización de la seguridad pública.
Para Ramos Vázquez la situación se agrava cuando la CNDH decide concluir expedientes de queja presentados por el CDHNL por abusos cometidos por miembros de la Sedena y GN, basados en los informes de las instituciones aludidas, sin una investigación exhaustiva, de campo y de la mano de las víctimas.
En entrevista con Proceso, Ramos comparte oficios de conclusiones de quejas presentadas ante la CNDH en las que no se incluye la consideración de las víctimas ni las pruebas presentadas por ellas y sus representantes, e incluso falseando información, al señalar que los agraviados y sus representantes no presentaron elementos.
