Por: Mauricio Fernández Díaz
Ciudad Victoria.- Se avecina una fractura política y social de proporciones bíblicas a Tamaulipas. Alguien parece empeñado en arrastrar a la gente al precipicio, a tirar su trabajo, su futuro y sus esperanzas al vacío. Y el autor de este holocausto es aquel que debería defender a la misma sociedad que resultará afectada: el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Se trata del proceso que el fiscal Anticorrupción, designado por el mandatario, ha emprendido contra el alcalde de Ciudad Victoria, Lalo Gattás Báez, acusado de asociación delictuosa, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.
Una versión insistente en Gobierno del Estado es que ya se libró la orden de aprehensión contra Gattás Báez, pero aún no se notifica ni se ha ejecutado. Buscan tomarlo desprevenido y llevárselo esposado.
Detener a un solo hombre, pensará alguien, no significa una tragedia para toda una ciudad. Pero el detenido es el hombre elegido por 52 mil 462 ciudadanos para sacar al municipio del rezago y la mediocridad en que lo dejaron los alcaldes panistas. De esto hace siete meses, apenas iniciaba ese proyecto de reconstrucción para la capital del estado.
Desde que se fue Xicoténcatl González y la prima del gobernador, Pilar Gómez, ediles anteriores, los victorenses soñaban con tener calles pavimentadas, colonias limpias y alumbradas, parques cultivados, una ciudad cómoda y segura para ellos y sus hijos, pero esta aspiración está a punto de caer al punto cero con la detención del alcalde. Eran trabajos que apenas despegaban, planes que pasaban del escritorio a la acción, los primeros pasos hacia la recuperación del municipio.
Si la orden de aprehensión ha sido librada o se mantiene en secreto, el hecho principal es que la administración de García Cabeza de Vaca ha incriminado ya a Lalo Gattás, y quiere quitárselo a los victorenses (¿o creerá Francisco que lo prefieren a él?). Enseñó sus armas oficialmente el 22 de febrero, en la conferencia que ofreció el fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda para exhibir los cargos contra el alcalde. Lo vigilaron antes y después de la elección, y hasta le reclaman el dinero erogado en los últimos seis meses.
Ciudad Victoria no soporta otro estancamiento como el ocurrido de 2019 a 2021. Separar a Gattás del cargo agravaría la crisis del desabasto de agua, la falta de limpieza y la recesión económica por desinversión. Los victorenses podrán ser personas pacíficas y amistosas, pero no se dejan de nadie ni van a observar pasivamente como el gobernador desmantela la administración municipal por venganzas políticas. Lo tomarán como una agravio personal, como una agresión directa, pues se convencerán de que García Cabeza de Vaca no se conmueve por los problemas de sus habitantes o que éstos empeoren por la pérdida del presidente municipal.
No hay antecedentes históricos de un odio tan irracional y primitivo de un gobernador a una ciudad como este. Consulten ustedes a cualquier victorense que esté empleado en la administración estatal acerca del trato que ha recibido para tener una idea de ese rencor. Ha sido una constante de despidos, rebajas de compensaciones, acoso y maltrato laboral. Y ahora sigue con esto: encarcelar al alcalde de oposición.
García Cabeza de Vaca se ha puesto a fumar sentado en un barril de pólvora. Su osadía provocará una explosión violenta.
Pero buscan confundir a la sociedad. ¡No hay persecución!, dice el fiscal Ramírez Castañeda. Sostiene que las denuncias contra el alcalde se basan en pruebas y es un asunto de impartición de justicia, no de conspiración política. Hay dinero dudoso, afirma, hay ingresos elevados y compras no declaradas.
Si el celo y el deber mueven a la fiscalía quizás pueda extender sus investigaciones al diputado local panista Carlos Fernández, a quien la Auditoría Superior de la Federación le hizo observaciones por gastos mal comprobados de 92.5 millones de pesos como titular del Instituto Tamaulipeco del Deporte.
¿Actúa la fiscalía por deber o por consigna? ¿Investigaría a Lalo Gattás si fuera del PAN? ¿Pasaría de largo sobre las cuentas de Carlos Fernández si fuera de Morena? De momento, podemos responder con certeza: la administración panista a la que pertenece el fiscal Raúl Ramírez Castañeda solo procesa a servidores públicos de Morena.
Entrevistado por Sentido Común sobre la orden de aprehensión, el alcalde de Victoria dijo estar tranquilo, no temer nada, pero que se ha vuelto más precavido desde hace unos días. No lo haría si la intención de detenerlo fuese un mito.
La vida le cobrará caro a quien esté abusando del poder para su provecho personal. La ley del ‘boomerang’ existe, todo se regresa. Pronto sabremos de quién se trata.
