El 28 de abril se cumplieron 10 años del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, quien durante 12 años y hasta el momento en que fue privada de la vida fue corresponsal de Proceso en Veracruz, el estado donde nació.
Con su muerte se pretendió silenciar a una periodista íntegra, profesional y crítica, cuya labor contribuyó decisivamente para difundir el ejercicio del poder en Veracruz. Así quedó plasmado en las páginas de este medio y de muchos otros que han retomado su vida y las denuncias de violaciones a derechos humanos y corrupción que investigó y publicó.
Ésta ha sido una forma de rendirle homenaje y mantener viva su labor periodística y su memoria. De manera póstuma su trayectoria ha sido reconocida también con premios, como el María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia, y el premio George Polk, de la Universidad de Long Island.
Pero también desde el día de su asesinato y a lo largo de esta década, sus compañeros del gremio periodístico veracruzano y nacional, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y quienes formamos parte de Proceso hemos exigido a las fiscalías del estado y de la República una investigación exhaustiva que incluya la labor periodística de Regina como un posible móvil de su asesinato, precisamente por ese periodismo crítico que incomodó a gobernadores y funcionarios de distintos niveles en Veracruz.
Regina, periodista. Foto: Morales/ Agencia Multigráfica
Desde ese día, como lo dijo el director fundador de -Proceso, Julio Scherer García, al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa –actualmente preso–: no les creemos, pues la investigación llevada a cabo por la fiscalía veracruzana y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de ese estado adolecieron de graves omisiones e irregularidades.
Por eso Proceso ha promovido y ha participado en investigaciones colaborativas con organizaciones internacionales, como Forbidden Stories y la coalición A Safer World of the Truth (Un Mundo más Seguro para la Verdad), formada por Free Press Unlimited, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que han arrojado nuevos datos sobre la investigación manipulada que efectuó la fiscalía estatal.
Compañeros del gremio. Foto: Octavio Gómez
Hace un año la coalición y Proceso, con el apoyo de Propuesta Cívica, solicitamos formalmente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión la atracción y reapertura de la investigación. Sin embargo, esta instancia adscrita a la Fiscalía General de la República se negó a reconocernos como ofendidos o víctimas indirectas en el caso.
El 19 de noviembre de 2020, en su conferencia mañanera, Proceso preguntó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador si había voluntad para reabrir la investigación por el asesinato de Regina y llegar a la verdad.
«En el caso de Regina estoy totalmente de acuerdo en que se busque el procedimiento para reabrir el caso… es un compromiso», respondió el presidente, quien reconoció a la reportera como incorruptible y profesional, y aseguró que en su gobierno «hay condiciones distintas porque no hay contubernio, entonces se puede conocer la verdad».
Un año y cinco meses después, le recordamos al presidente este compromiso. Esperamos que cumpla con su palabra.
