Frecuentes iniciativas en Congreso para cambiar la Carta Magna y así abrir puertas a la iniciativa privada.

México, DF. Durante los 14 años recientes, y en los sucesivos sexenios de PRI y PAN, los gobiernos de ambos partidos han pretendido reformar la Constitución y la legislación reglamentaria para permitir la privatización de la extracción, exploración y distribución de hidrocarburos, con el argumento de “modernizar” y “flexibilizar” Petróleos Mexicanos (Pemex), así como permitir al ciento por ciento la inversión extranjera en generación de electricidad.

En este periodo, se ha intentado abrir la puerta a la iniciativa privada con distintas iniciativas, desde la que Ernesto Zedillo presentó en la Comisión Permanente el 2 de febrero de 1999 –que a su vez la turnó al Senado, donde fue frenada–, para “otorgar permisos o concesiones” para producir electricidad, hasta las más recientes de diputados del PRI, con objeto de entregar contratos de refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

En 1999, PAN y PRD –con un sector del PRI– lograron congelar el proyecto de Zedillo, aunque como confesó posteriormente el dirigente panista, Luis Felipe Bravo Mena, Acción Nacional se arrepintió de no haber votado por esa reforma.

Gordillo apoyó a Fox

Esto, porque ya como gobierno, el blanquiazul intentó también entregar la generación de energía eléctrica a particulares, como antecedente, para después presentar una iniciativa en materia de hidrocarburos.

En aquella época, el presidente Vicente Fox contó con el respaldo de Elba Esther Gordillo –ahora en la cárcel– para modificar los estatutos del PRI, a través de la Fundación Colosio, que presidía Rodolfo Echeverría –sobrino del ex presidente Luis Echeverría Álvarez–, pero el proyecto fue frenado en el consejo político nacional priísta por el senador Manuel Bartlett Díaz.

Con su iniciativa de 2008, Felipe Calderón también pretendió privatizar el petróleo, lo cual dio inicio al movimiento de defensa de Pemex por parte de Andrés Manuel López Obrador. La presión desde las calles y la postura de los legisladores del denominado Frente Amplio Progresista acotaron el proyecto calderonista.

Ahora, ante el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de que en septiembre enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para “modernizar” Petróleos Mexicanos, se reavivó la polémica y el rechazo de un sector del PRD y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En todas las iniciativas que se han quedado en el tintero en la Cámara de Diputados, el principal argumento para abrir Pemex a la inversión privada es la debilidad financiera de la petrolera y su incapacidad tecnológica para ampliar la exploración y explotación de hidrocarburos.

Así, por ejemplo, en 2008 el actual secretario de Educación de Hidalgo, Joel Guerrero Juárez –que ha tenido una carrera polifacética como secretario de Agricultura y de Obras en los gobiernos de Jesús Murillo Káram, actual procurador general de la República; Manuel Ángel Núñez Soto y Miguel Ángel Osorio Chong, ahora secretario de Gobernación–, presentó como diputado una iniciativa de reforma constitucional para que Pemex dejara de ser paraestatal y convertirla en un órgano constitucional autónomo.

El objeto de la iniciativa era que, en ese carácter, Petróleos Mexicanos pudiera “realizar contratos de servicios y adquisición de bienes, evitando cualquier criterio que implique pago en especie”. Posteriormente, el 10 de marzo de 2009, la actual alcaldesa de Xalapa, Veracruz, Elizabeth Morales García, con el respaldo de Agustín Mollinedo (PAN) y Juan Darío Lemarroy (PRD), presentaron una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución para dar “flexibilidad” a la petrolera. La intención era que inversionistas pudieran construir y operar sus propias refinerías, ductos, instalaciones y equipos para el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, “previo permiso” de la paraestatal.

Dos años antes, el 17 de abril de 2007, el actual secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, propuso modificar la Constitución y la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, para prohibir los contratos de riesgo que se facilitaron desde el sexenio de Fox. Dichos contratos comenzaron a operar como una idea del PRI.

El 5 de junio de 2002, el diputado Salvador Rocha Díaz y el senador José Natividad González Parás –este último antes de ser gobernador de Nuevo León– plantearon modificar la ley reglamentaria del artículo 27, para permitir los “contratos de servicios múltiples con empresas extranjeras especializadas para llevar adelante un programa que aceleraría el descubrimiento, la habilitación y la explotación de los depósitos de gas natural”.

Según ambos personajes, “las restricciones presupuestarias y el excesivo régimen fiscal afectaron los programas de modernización y expansión del organismo, principalmente en los renglones de exploración, producción, refinación y petroquímica”.

El mismo año (2002), el 14 de diciembre, los diputados priístas Guillermo Hopkins y Omar Fayad (actual senador por Hidalgo) plantearon la emisión de bonos para capitalizar a Pemex, punto que fue retomado en 2008 por el gobierno de Calderón.

En la actual legislatura (62) no se han presentado iniciativas en espera de que sea el Ejecutivo federal el que la turne. En la Comisión de Puntos Constitucionales están pendientes dos propuestas del PRD: una para que cualquier propuesta en la materia no sea considerada de carácter preferente, y otra para que cualquier proyecto de apertura de Pemex sea sometido a consulta popular.