Vetados como candidatos del PRI quien ejerza violencia política contra las mujeres
En el proceso estatal electoral, quienes aspiran a ser tomados en cuenta para una candidatura a un puesto de elección popular por parte del Partido Revolucionario Institucional será descalificado de ante mano, si en su expediente tiene una denuncia por violencia contra las mujeres en general y en particular contra sus compañeras de partido, asegura José Benitez Rodríguez, del PRI:
“Ninguna persona que haya cometido violencia política contra las mujeres por razón de género, o bien tenga un proceso por violencia familiar podrá abanderar la candidatura para un cargo de elección popular, esta es entre otras, una de las ventajas de las reformas de los estatutos del PRI”.
Es de mencionar las reformas a la Ley Electoral que ya a pasado por en Congreso de Tamaulipas, que marca que será impedimento para postularse a candidaturas a las Diputaciones y Ayuntamientos, el haber recibido condena por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
También se incorpora el lenguaje incluyente y no sexista, así como las definiciones de “paridad de género” y de “violencia política contra las mujeres en razón de género”.
Asimismo se decreta como prohibición para quienes encabecen precandidaturas y candidaturas, ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género y la obligación de los Partidos Políticos de observar la paridad de género en el registro de todas las candidaturas.
En la citada ley, se fijan las conductas que constituyen violencia política contras las mujeres, en razón de género en el ámbito electoral; mientras que el incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, serán infracciones de los Partidos Políticos, de las candidatas y candidatos independientes.
En lo que respecta a la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, se establece que será el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, el medio procedente para sustanciar los procedimientos en los que se actualice algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género.
