Fuentes fidedignas. Por Isaias Alvarez
En abril de este año, la entonces candidata a jueza familiar del Segundo Distrito Judicial, Roxana Ibarra Canul, posaba frente a la cámara con un mensaje de confianza, compromiso y “justicia con valores”. La imagen, rosa y cuidadosamente diseñada, pretendía transmitir cercanía, empatía y una moral inquebrantable. Seis meses después, el discurso se vino abajo.
El periodista Armando Orta dio a conocer que el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó la suspensión temporal de la jueza Roxana Ibarra Canul, adscrita al Cuarto Juzgado de lo Familiar en Altamira, tras un procedimiento iniciado por presuntas irregularidades que afectaron los derechos de una menor de edad.
De acuerdo con la información oficial, la resolución fue notificada y ejecutada el mismo día, como medida preventiva mientras continúa el procedimiento administrativo. La Comisión de Substanciación y Resolución Procedimental consideró que los hechos ameritaban una actuación inmediata por tratarse de un caso donde estaban en juego derechos de una niña.
El expediente tiene origen en un conflicto familiar que se hizo público meses atrás, cuando se denunció que la jueza permitió que un padre se llevara a su hija sin el consentimiento de la madre, pese a existir una resolución federal que había restituido la patria potestad materna. El caso provocó protestas y reclamos frente al juzgado.
La suspensión no implica culpabilidad, pero sí marca un precedente, el Tribunal de Disciplina reaccionó con rapidez ante una denuncia de este tipo. El proceso sigue su curso y la resolución final determinará si hubo o no responsabilidad.
Por ahora, Roxana Ibarra Canul está en capilla y los ojos ciudadanos atentos al proceder de los nuevos juzgadores. Buen inicio del nuevo poder judicial, esperamos y así se mantenga siempre.
