*La extorsión creció en un 148 % en Tamaulipas durante el 2025; el 96 % de los delitos no se denuncian por miedo y desconfianza.
Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Cd. Victoria, Tamaulipas.– Ante el crecimiento de casos de extorsión en Tamaulipas y el temor de las víctimas para presentar denuncias, el diputado local Gerardo Peña Flores presentó una iniciativa para modificar diversas leyes y permitir que cámaras empresariales y asociaciones civiles puedan actuar en los procesos penales en calidad de víctima, en defensa de sus agremiados, coadyuvando con el ministerio público.
La propuesta fue presentada por el congresista reynosense del Partido Acción Nacional (PAN) ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado, también para brindar un mecanismo que proteja la identidad de quienes sufren este delito, y que, por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades, optan por no denunciar.
“Muchos delitos no se persiguen por falta de denuncia, ya sea por temor o por dudas de que serán atendidas. Con esta reforma, las personas morales —cámaras o asociaciones— podrán presentar la denuncia en representación de la víctima, omitiendo su nombre, y participando a lo largo del proceso hasta obtener una sentencia; pues sólo a través de la participación social podremos salvaguar la vida, el patrimonio y nuestra seguridad”, explicó Peña Flores.
El legislador subrayó que la iniciativa busca romper el círculo de impunidad en el que operan bandas dedicadas a la extorsión, que en Tamaulipas se ha convertido en un problema crítico para comerciantes y empresarios.
Y es que, de acuerdo con datos de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (FECANACO), el 96.4 % de este tipo de delitos en Tamaulipas no se denuncian. Esto significa que sólo 3.6 de cada 100 ilícitos generan una carpeta de investigación, durante el primer semestre del 2025.
Además, organismos empresariales como Coparmex y la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) confirmaron, que la extorsión con cobro de piso y amenazas creció un 148 % en el último año.
Ante este panorama, empresarios y líderes de cámaras han exigido la creación de una Ley General de Extorsión que homologue sanciones, agilice los procesos judiciales y garantice una verdadera protección a las víctimas.
Peña Flores insistió en que su iniciativa es un paso para cerrar la brecha entre la víctima y la justicia: “No podemos permitir que el miedo siga siendo el mejor aliado de los criminales”.
