CATALEJOS / MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES| Expreso Victoria
Ha pasado a segundo término lo que pudiera determinar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de reconsideración promovido por Carlos Peña Ortiz.
Primero, porque los magistrados no enlistaron el asunto en la sesión que realizarán hoy, y salvo una convocatoria extraordinaria, no volverán a reunirse sino hasta la próxima semana, cuando las campañas locales ya estén en marcha.
Es decir, los tiempos no le dan al alcalde de Reynosa.
Si Morena no se quiere quedar sin candidato, tiene que sustituirlo antes del 14 de abril, cuando vence el plazo que tiene el Instituto Electoral de Tamaulipas para aprobar las candidaturas para los 43 ayuntamientos.
Para ello, tiene que ponerse en acción la Comisión Nacional de Elecciones del partido, el único organismo facultado para designar candidatos.
Pero además, incluso si la Sala Superior abordara el asunto esta misma semana, difícilmente los magistrados determinarían algo distinto a lo que dictó la Sala Regional Monterrey, que concluyó que el INE no puede reinscribir a Carlos Peña Ortiz en el padrón electoral ni el listado nominal, porque no lo solicitó en el plazo que exige la ley.
Imposible saber por qué los estrategas jurídicos del alcalde incurrieron en tal omisión, pero el Tribunal también aclaró que aunque hubieran realizado el trámite a tiempo, el Registro Federal de Electores está imposibilitado para darle una nueva credencia de elector -activa y vigente- porque, en efecto, tiene suspendidos sus derechos político electorales.
El titular de este organismo también fue muy claro en su respuesta al aspirante a candidato.
En resumen, le reiteró que no hay ninguna forma de incluirlo en el padrón, que no sea a través de la orden de un juez.
Es así como se le suspendieron, y solo así podrían serle restituidos.
Eso lo saben bien Carlos Peña Ortiz, Maki Ortiz y todo su círculo cercano, por eso en las últimas semanas han buscado frenéticamente la suspensión de algún juez que deje sin efectos lo ordenado por el juzgador radicado en San Fernando.
El problema es que dicha resolución no fue un acto espontáneo, sino la consecuencia de la sistemática negativa del edil a enfrentar las acusaciones en su contra por presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
No se puede -aunque a veces parezca- evadir por tanto tiempo a la justicia sin afrontar las consecuencias.
Tan complicado está el panorama de Peña Ortiz, que a la par de la búsqueda desesperada de un amparo, el grupo político que encabeza su madre, también mueve las fichas para poner a uno de los suyos como candidato ante la inminente caída.
POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
