Bajo la atenta mirada del presidente López Obrador, el escenario planteado ante una posible desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se convierte en un capítulo singular en la trama política mexicana. El jefe de Estado ha revelado una estrategia inusual, asegurando que los trabajadores del IFT, lejos de enfrentar despidos, se incorporarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).
El trasfondo de esta medida, según el presidente, reside en la necesidad de prevenir la formación de monopolios y fortalecer la vigilancia en el sector de las telecomunicaciones. Esta transición implica un retorno a una estructura previa, donde la SICT gestionaba asuntos relacionados con las comunicaciones.
El presidente Obrador, al hacer este anuncio, evidencia su postura crítica hacia los órganos autónomos, argumentando que carecen de la legitimidad que otorga la elección directa por el pueblo. En sus palabras, estos entes cuentan con un poder similar o incluso superior al del presidente, lo cual considera un desequilibrio en el sistema político.
Este movimiento estratégico se presenta como una corrección necesaria desde la perspectiva del mandatario, quien percibe la existencia de un ente paralelo al gobierno legalmente constituido, creado para salvaguardar intereses particulares en lugar de servir al bienestar general de la sociedad mexicana. Así, la desaparición del IFT y la integración de sus trabajadores a la SICT se erigen como un paso significativo en la reconfiguración del panorama político y administrativo de México.
