Presidencia presenta recurso de reclamación contra freno a extinción de fideicomisos del PJ
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó ante la Suprema Corte un recurso de reclamación contra la medida cautelar otorgada por el ministro Javier Laynez, en contra del decreto legislativo que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial.
A través de un comunicado, la Consejería llamó al máximo tribunal del país a honrar la palabra de la presidenta, Norma Piña, de entregar los recursos de los fideicomisos a extinguir a las labores de reconstrucción de Acapulco.
“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó ante la SCJN un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada ilegalmente, ya que el propio ministro Javier Laynez reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales.
“En este sentido, se hace un nuevo llamado al máximo tribunal para que honre la palabra de su presidenta, Norma Piña, y permita que dichos recursos públicos, propiedad del pueblo, se utilicen para la reconstrucción de Acapulco”, dice el documento.
La Consejería lamentó que a pesar de haberse pronunciado, anticipada y públicamente, en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Laynez no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto legislativo, que instruye la desaparición de aquellos fideicomisos del PJF que no estén previstos en alguna norma, “lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador”.
“Así, no es extraño que, de manera arbitraria, haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada”, agrega.
La Consejería argumentó que el ministro instructor señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual, según la consejería, resulta falso, porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.
Además, señala que el ministro instructor afirma indebidamente que los fondos de dichos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional.
“Debe recordarse que fue la propia ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial y de la SCJN para la atención a población damnificada en Acapulco, Guerrero”.
Finalmente, señala que se omite considerar que, desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que los fideicomisos del PJF no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, dada la nula utilización de sus fondos, por lo que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos, ya que las prestaciones laborales están garantizadas con recursos presupuestales.
