La intensa disputa política entre el Gobierno de Nuevo León, afiliado a Movimiento Ciudadano, y el Congreso local, liderado por PRI y PAN, ha llevado a la presentación de 22 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Estos desacuerdos abarcan diversas áreas, desde el apoyo a organismos electorales hasta disputas sobre el proceso de nombramiento del fiscal general y modificaciones al escudo de armas del estado.
Nueve municipios de Nuevo León, representados por los alcaldes de Los Herrera, Los Ramones, Los Aldamas, Sabinas Hidalgo, General Zaragoza, Melchor Ocampo, Hidalgo, Cerralvo y General Terán, han unido fuerzas para demandar que el Estado y los municipios no estén obligados a brindar apoyo material e institucional a los organismos electorales.
Entre las controversias, destaca la presentada por el gobernador Samuel García contra el proceso de nombramiento del fiscal general, donde trató de evitar que los diputados designaran a Adrián de la Garza Santos como titular de la Fiscalía General de Justicia. Además, se han abordado cuestiones como la modificación del escudo de armas del estado y juicios políticos contra diversos funcionarios, incluido el secretario General de Gobierno, Javier Navarro.
La serie de controversias resalta las tensiones y diferencias profundas entre los poderes ejecutivo y legislativo en Nuevo León, y la SCJN será la encargada de determinar la validez y legalidad de las acciones en disputa.
