Con 68 votos a favor y 48 en contra, el Senado de la República ha aprobado en lo general la reforma que llevará a la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de México. Esta iniciativa ya había pasado por la Cámara de Diputados y solo estaba pendiente de la aprobación del Senado para su entrada en vigor.
La reforma incluye una modificación al dictamen original, destinando los 15 mil millones de pesos provenientes de los fondos de los fideicomisos extintos a programas que beneficien el Plan Nacional de Desarrollo. Además, el Poder Judicial estará obligado a publicar un informe detallado por cada fideicomiso extinto, proporcionando información transparente sobre los montos entregados a la Tesorería de la Federación.
La votación en el Senado fue polarizada, con una mayoría morenista que insistió en la desaparición de estos fondos, argumentando que algunos de ellos no tenían una base legal suficiente para subsistir. Sin embargo, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero expresó su desacuerdo con la medida, defendiendo la autonomía de los poderes de la Unión y preocupándose por el impacto que tendría en los trabajadores del Poder Judicial.
La discusión fue intensa, con la oposición alegando que la extinción de estos fideicomisos afectaría a miles de trabajadores y tendría implicaciones en tratados internacionales, como el T-MEC. La reforma también fue criticada por motivaciones políticas y se argumentó que los recursos podrían utilizarse en otros programas de mayor relevancia.
Esta decisión del Senado marca un momento clave en la política y la administración de justicia en México, generando controversia y debates en torno a la independencia de poderes y la transparencia en el manejo de fondos públicos.
