La propuesta presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial ha generado una intensa discusión en el mundo político. Esta iniciativa, liderada por Ignacio Mier, busca reintegrar más de 20 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación, lo que plantea cuestiones fundamentales sobre la gestión de los recursos en el sistema judicial.
El proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que, a excepción de aquellos fideicomisos expresamente previstos por la ley, no se permitirá la creación de nuevos fideicomisos. El razonamiento detrás de esta iniciativa es que las obligaciones relacionadas con pensiones y prestaciones del personal del Poder Judicial deben ser cubiertas con los recursos existentes en los fideicomisos.
Sin embargo, esta propuesta ha suscitado preocupaciones y desacuerdos, especialmente en lo que respecta a las prestaciones y percepciones salariales de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Se han señalado sueldos elevados, aguinaldos significativos, primas vacacionales y gastos de alimentación, así como seguros de vida y gastos médicos costosos.
El debate se centra en la necesidad de mantener estas prestaciones en el sistema judicial y la forma en que impactan las finanzas públicas. Algunos argumentan que es necesario revisar y reformar el sistema de prestaciones para garantizar la sostenibilidad financiera, mientras que otros consideran que las prestaciones actuales son esenciales para atraer y retener talento en el Poder Judicial.
La propuesta de Morena plantea cuestiones fundamentales sobre la relación entre el sistema judicial y el gasto público, y su resultado tendrá un impacto significativo en el futuro del Poder Judicial de la Federación en México.
