La Cámara de Diputados de México ha aprobado en lo general la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, generando un intenso debate sobre las implicaciones de esta medida. La votación resultó en 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención.
La decisión de extinguir estos fideicomisos podría tener un impacto significativo en la financiación del Poder Judicial, ya que implicaría la entrega de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. A pesar de las protestas de trabajadores del Poder Judicial en diversas partes del país, la mayoría parlamentaria mantuvo su decisión de procesar la eliminación de los fideicomisos.
Algunos legisladores han acusado a la presidenta de la Suprema Corte de utilizar a los trabajadores como un «escudo humano» para defender los privilegios de los ministros. Otros han calificado esta medida como un saqueo al Poder Judicial y han denunciado motivaciones políticas detrás de la decisión.
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no podrán crearse ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia. El dictamen destaca que los recursos remanentes y los productos derivados de los mismos deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación.
Esta decisión representa un cambio significativo en la financiación y el funcionamiento del Poder Judicial de México y ha generado un acalorado debate sobre sus implicaciones en la independencia y eficiencia de esta institución.
