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Como AMLO, presidente electo de Perú reducirá sueldo a ministros y congresistas

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, pedirá al Congreso que el sueldo de los congresistas y de los ministros se reduzca. Política similar a la que aplicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Castillo declaró este sábado ante la Asamblea Nacional 2021 de su partido, “Perú Libre”, que buscará reducir el sueldo de estos funcionarios a la mitad.

“Vamos a proponer en el Congreso solicitando que el sueldo de ministros y congresistas baje a la mitad”, señaló el presidente electo de Perú.

«Vamos a renunciar al sueldo presidencialista y vamos a conducir los destinos del país con el sueldo de maestro», agregó.

El martes las autoridades electorales de Perú confirmaron el triunfo del candidato de izquierda, Pedro Castillo.

El país latinoamericano se mantuvo más de un mes en espera de conocer los resultados electorales de la segunda vuelta realizada el 6 de junio.

El Jurado Nacional Electoral (JNE) declaró como ganador de las elecciones a la fórmula compuesta por Pedro Castillo y Dina Boluarte, quien será vicepresidenta.

AMLO y la austeridad republicana

El ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante su campaña que era necesario aplicar una austeridad republicana, reduciendo el salario de los de arriba y aumentando el de los de abajo.

López Obrador prometió al pueblo de México acabar con el lujo y la opulencia de las instituciones gubernamentales. Además, de reducir el salario de los altos funcionarios y con el dinero que se obtuviera se apoyaría a la población.

El 1 de diciembre de 2018 cuando López Obrador se convirtió en presidente, Los Pinos dejaron de ser la residencia de los presidentes y se permitió el acceso a la población.

Además, el presidente se negó a usar el avión presidencial que demuestra el lujo y los excesos con los que vivían los presidentes de México.

Asimismo, el 2 de julio del 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana.

“Los entes públicos así como los Poderes Legislativo y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”, señala la minuta.

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