Dueños de terrenos ubicados a lo largo de las playas de Tamaulipas
Ciudad Madero, Tamps (apro)- Cobijados en lo que fue el quinismo, los que fueron señalados como “prestanombres” de Joaquín Hernández Galicia, La Quina , aparecen como detentadores de grandes extensiones de terrenos ubicados a lo largo de las playas de esta ciudad.
Los nombres de Alvaro Garza Cantú, Abel Oceguera, Cirilo Juárez, Concepción Posadas, los hermanos Centeno, Alberto y Macrino Rodríguez, se enlistan entre los “detentadores” de más de mil 300 hectáreas que debieron ser fraccionadas desde los ochenta.
En esas fechas los letreros de “propiedad privada” se repiten en toda la zona delimitada por postería y alambre de púas a ambos lados de la nueva avenida conocida como Corredor Urbano, que comunica a los municipios de Madero y Altamira, y en una zona menor al sur de Miramar Incluso, en algunas áreas, las cercas se extienden hasta la orilla de la playa con la advertencia escrita de “prohibido el paso”
Un estudio realizado en el 2000 por el gobierno estatal, que se conoció como Proyecto Juntas, reveló que la mayoría de los posesionarios de estas hectáreas se amparaban en escrituras falsas.
Esta extensión es parte de las 5 mil 300 hectáreas que el gobierno federal cedió al estado en 1982, una vez que desaparecieron las Juntas de Mejoras Materiales, y que se supone debían ser destinadas principalmente a resolver problemas de vivienda unifamiliar.
Según el estudio del Proyecto Juntas, de esas hectáreas comprendidas en la franja norte y las áreas cercanas a playa Miramar, Abel Oceguera, quien fuera superintendente de Pemex y reiteradamente señalado como prestanombres del exlíder petrolero, aparece como detentador de un total de 149 hectáreas.
El aspirante a la gubernatura Alvaro Garza Cantú –quien recibió el respaldo político de Hernández Galicia– tiene otras 140 hectáreas; los hermanos Centeno, que en tiempos del quinismo fueron dirigentes de la Unión de Pequeños Poseedores de Tampico y Madero, poseen 50; Raúl Aguilar Silva, muy allegado al exlíder petrolero, tiene cien, y Gilberto Olvera, quien enseñó a montar a los hijos de La Quina, disfruta de 5 hectáreas. Alberto Rodríguez, quien fue en ese entonces líder ejidal, ostenta 69 hectáreas; los hermanos Macrino, Isabel y Pedro Rodríguez tenían al tiempo de este estudio –hace tres años– un total de 543 hectáreas.
La sección uno del sindicato petrolero tiene como propiedad 258 hectáreas, pero algunas están en litigio porque –con el respaldo de La Quina— las reclaman también Cirilo Juárez y Concepción Posadas, quienes fueron presidente municipal y dirigente de aquélla en tiempos del quinismo, respectivamente.
Otras extensiones son supuestas propiedades de Carmelita Correa (esposa de La Quina), de Guadalupe y Juan Hernández Correa; de Juan Manuel Sánchez Guerrero, El Piojo, exlíder de la UAT; del desaparecido exalcalde de Tampico en tiempos del quinismo, Arturo Rodríguez.
El propio Hernández Galicia “sólo” reclama para su propiedad 4 hectáreas, de su rancho La Pulga y por el cual tiene en trámite un juicio de deslinde, porque también las ocupa en calidad de posesionario.
Todo se remonta a los tiempos en que La Quina disponía como “señor y amo” de las tierras de este municipio Dio y repartió, quitó a unos y favoreció a otros, y no dejó que autoridad alguna pusiera orden.
Las escrituras no se consideraban un documento necesario durante su cacicazgo, recuerda el activista político José Puente, porque se acostumbraba tomar propiedad de un terreno sólo porque él daba su permiso, y esa era una de sus formas de tener control político.
Producto de ese cacicazgo, buena parte de Madero aún se mantiene en la irregularidad Y sus socios y prestanombres, dice Puente, siguen apropiados ilegalmente de los mejores terrenos de este municipio.
La investigación del Proyectos Juntas puso en evidencia que muchos edificios de esta ciudad no tenían ninguna escritura Entre ellos el estadio, el auditorio Américo Villarreal Guerra y la propia presidencia municipal.También se descubrió que otros terrenos cercanos a la playa tenían hasta diez escrituras, problema que se refleja hasta ahora cuando se pretende continuar con otras etapas del boulevard costero, y más de uno se dice dueño de los terrenos con documentos en la mano.
DE LA FEDERACIÓN AL ESTADO
El 20 de noviembre 1982, el gobierno federal expidió un decreto con el cual cedió al estatal los terrenos pertenecientes a la Junta Federal de Mejoras Materiales de Tampico, a fin de que “concluya la titulación y proceda al reordenamiento de dichas áreas”
En el mismo decreto se hacía la advertencia que:
“Si el donatario no iniciare la utilización del bien señalado, dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que reciba los inmuebles o si, habiéndolo hecho, les diere un uso distinto al autorizado sin previo permiso de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, tanto el bien como sus mejoras y accesiones revertirán a la Federación”
Estos terrenos que están acaparados por “grandes detentadores” son parte del territorio que la Federación cedió al estado con el decreto de 1982, y podrían ser reclamados por el gobierno federal, porque no se les dio el uso que se había programado y porque la administración estatal no avanzó en el proceso de escrituración en el plazo de dos años que tuvo para hacerlo.
El polígono de Ciudad Madero abarcaba alrededor de 5 mil 300 hectáreas En el título de esta propiedad se especificó que la totalidad se fraccionaría en terrenos no mayores de 400 metros cuadrados, y que para obtener un terreno mayor se debería tener un permiso de la Secretaría de Gobernación y haberlas comprado a un precio comercial
La Junta Federal de Mejoras Materiales había logrado fraccionar y regularizar algunas colonias como la Unidad Nacional, después empezaron los problemas que se resolvieron en parte con una invasión al predio conocido como Lucio Blanco, pero La Quina no permitió que el procedimiento avanzara más.
El exregidor perredista Raymundo Mora dice que, en esos tiempos, Hernández Galicia, con base en amenazas y agresiones contra los ocupantes, impidió que la regularización avanzara
“En ese entonces La Quina le decía a la gente: ‘mejor cómprale a Oceguera, el te va a dar más barato que el gobierno y te va a dar tus escrituras’”, cuenta.
La mayoría de los terrenos –unas mil 500 hectáreas– de la franja de la playa habían estado bajo posesión de los hermanos de origen español, Macrino, Isabel y Pedro Rodríguez, pero a cambio de “protección” y de “acuerdos”, La Quina había logrado adjudicárselos para luego entregarlos a sus “prestanombres” o para el sindicato
“Les decía, ‘yo te protejo de que el gobierno te quite tus tierras, pero dame unas hectáreas para Oceguera, para Alvaro o para hacer alguna instalación del sindicato’
Según el seguimiento que se realizó en el 2000, el gobierno del estado sólo expidió escrituras a la sección uno del sindicato petrolero El resto tiene sus tierras bajo el amparo de escrituras de dudosa procedencia.
ESCRITURAS SOBRE ESCRITURAS
Una investigación que respaldó el Proyecto Juntas reveló que las tierras acaparadas en la franja de la playa de Madero estaban bajo escrituras falsas. Con la complicidad de notarios públicos se expedía un documento, y después se simulaba una venta, y luego otra y otra, para que se perdiera el origen en el Registro Público de la Propiedad
El gobierno estatal en ese año pudo comprobar este procedimiento de escrituración falsa, pero ya para entonces La Quina estaba de regreso y sus hijos como alcaldes.
COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS, LAS INVASIONES
Cuando La Quina fue apresado en 1989, muchos de los que se sabían agraciados con sus “repartos” lo fueron a ver para preguntarle qué hacían con las propiedades “No muevan nada”, les ordenó desde la cárcel.
A su regreso se dedicó a restablecer alianzas y a declararle la guerra a quien “le brincó las trancas”
Fue el caso de Antonio Castillo Hermida, a quien Hernández Galicia, bajo supuestas amenazas de muerte, lo emplazó para que le regresara el rancho que ocupó como posesión desde que lo apresaron.
Como en los viejos tiempos, le mandó invadir con jubilados petroleros las 6 hectáreas del rancho Los Hicacos en la zona de la playa,Castillo Hermida presentó una demanda penal en la que señala directamente a Hernández Galicia como el autor intelectual, luego que en declaraciones ministeriales los propios invasores así lo reconocen.
Igual señala al alcalde Joaquín Hernández Correa, hijo del exlíder petrolero, quien incluso mandó policías para que montaran guardia en la invasión.
Una fuente oficial relata que en el 2000, cuando con documentos se “descubrió” el desorden e irregularidad que priva en la tenencia de terrenos en esta ciudad, se pensó que era conveniente pedir la intervención del Ejército y de las fuerzas públicas para que el gobierno estatal entrara a “poner orden”
Pero aparentemente hubo un arreglo político, por medio del cual el hijo de La Quina, el alcalde Joaquín Hernández Correa, apoya las obras del Proyecto Miramar, que implican prácticamente la privatización del principal paseo de la región, a cambio de que se reconozcan los derechos de estos “grandes detentadores”, “amigos” de su padre Proceso 10/06/03
