Manuel Granados
2017 acabó como han acabado casi todos los últimos diez años: como un baño de sangre para el que, a ciencia cierta, no se le encuentra final viable. Ni siquiera las entidades seguras, que llevan ya varios años de ser patrulladas por la Defensa Nacional y la Marina-Armada de México pueden considerarse en realidad seguros. En la capital de la República, espacios en los que hasta hace unas semanas uno se podía sentir relativamente seguro, como el Metrobús o el Metro, se han convertido en blanco de ataques de la delincuencia que aprovecha la falta de compromiso y voluntad política de las autoridades para terminar con la delincuencia.
No es que se crea que basta con un acto de voluntad de la autoridad para acabar de un plumazo con los problemas. Lo que es un hecho demostrable, en cambio, es que hay entidades en los que los actos de autoridad tratan de maquillar la realidad y, al hacerlo, terminan por hacer más difícil la comprensión de lo que está pasando en materia de seguridad pública en México. Para muestra varios botones que corresponden a distintos municipios de la República que no se distinguen por ser de los más violentos en México, pero en los que las autoridades de sus respectivos estados, lejos de contribuir a que se comprenda mejor qué está pasando en materia de delitos, parece que le apuestan a distorsionar los pocos datos que se tienen al alcance de la mano.
En los municipios de Jesús María, el municipio conurbado a la capital del estado de Aguascalientes; Tuxtla Gutiérrez, el municipio que es capital del estado de Chiapas; y Cuautitlán Izcalli, uno de los diez municipios más poblados del Estado de México, se puede observar que, por razones que a nadie le quedan claras, la categoría de “Otros delitos del fuero común” es, a lo largo de los años, una de las más abultadas en las estadísticas que recién dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación. En Jesús María, esta categoría de “otros delitos del fuero común” concentró entre 2015, 2016 y 2017 el 27.7, el 64.68 y 5.24 por ciento del total de los delitos reportados ahí, respectivamente. De los tres años considerados (los únicos para los que hay información en el SESNSP), el único en el que la categoría de “otros” no es la más importante es 2017. En Izcalli, esta categoría acumuló 11.74, 16.78 y 16.51 por ciento, y sólo en 2015 no fue la más abultada de todas las categorías. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la categoría de “otros delitos del fuero común” concentró el 16.07, el 10.23 y el 7.05 y fue sólo en 2017 que la categoría de violencia de género acumuló el mayor porcentaje de casos con 13.66 por ciento, luego de haber registrado ceros en 2016 y 2015.
El hecho de que en Jesús María, Aguascalientes, la categoría de “Otros delitos del fuero común” haya acumulado en 2016 casi dos de cada tres de los delitos, deja ver cómo las autoridades estatales, de las que depende la integración de estas estadísticas, por medio de las procuradurías o fiscalías estatales, optan por no ver qué pasa en sus respectivos estados. Ello puede ser “útil” para desentenderse de los problemas que afectan a esos estados, o para engañar a los medios o a las organizaciones civiles dedicadas a vigilar qué ocurre en esa materia, pero no contribuye a resolver el problema de violencia y criminalidad que nos afecta. Es la voluntad de no ver y no saber qué pasa.
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