En un atiborrado centro para jóvenes de Lincoln Heights, el alcalde Eric Garcetti, el jefe de la policía Charlie Beck y el concejal Gil Cedillo se unieron para firmar la orden ejecutiva #20 que hace oficial que Los Ángeles no avale las acciones federales para separar a las familias inmigrantes.

En la práctica, significa que todos los departamentos, servicios y recursos de la Ciudad desde la policía hasta las bibliotecas, parques y programas de recreación, no cooperarán con las autoridades de inmigración y protegerán a los inmigrantes.

Implica que la policía del puerto y la del aeropuerto de Los Ángeles adoptarán las políticas que ya sigue el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) a través de la orden especial 40, que establece la no cooperación con las políticas de detención del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) y el programa 287 (g).

La nueva ley establece que ningún empleado municipal asistirá o cooperará con las acciones federales de inmigración.

Además, pide a los jefes de departamento del municipio, reportar a la oficina del alcalde y al LAPD, cualquier intento de las autoridades de inmigración para obligarlos a cumplir sus leyes con el apoyo de recursos e instalaciones de la Ciudad.

También señala que cada agencia de la ciudad designará a un empleado como enlace para asuntos de inmigración que trabajará muy de cerca con el equipo de la Oficina de Asuntos para los Inmigrantes para avanzar en la protección e integración de los inmigrantes angelinos.

La orden municipal refrenda el compromiso de preservar la confidencialidad sobre la información personal de los residentes que se inscriban en los programas o actividades de la ciudad.

“Esto no es una declaración de guerra contra el gobierno del presidente Trump. Solo peleamos por nuestros derechos que son los valores de todos los estadounidenses”, dijo el alcalde Eric Garcetti.

Sobre la amenaza de que el gobierno federal pudiera restringir fondos a las ciudades que no cooperen con migración, el edil angelino manifestó que los valores son más importantes que el dinero que envía el gobierno federal para los programas.

Sin embargo, remarcó que no les pueden quitar presupuesto por no cooperar con los políticas de detención migratoria porque sería una violación a la Constitución de Estados Unidos.

“Hace dos años durante el gobierno de Obama se trató de hacer algo similar con el Obamacare – la reforma de salud- pero una corte declaró que el gobierno federal no puede suspender fondos solo porque no les gustan las políticas de una ciudad. “Son distintas categorías los fondos de los programas”, indicó.

“Con esta orden ejecutiva, queremos decirles a todos que ningún departamento de la Ciudad de Los Ángeles, incluyendo a la policía y bomberos van a hacer cumplir leyes de migración”, destacó.

“A los inmigrantes y sus familias, les pedimos que nos tengan confianza. Estamos en una ciudad refugio”, subrayó.

El concejal Gil Cedillo completó que los inmigrantes en la ciudad de Los Ángeles deben tener la seguridad de que independientemente de su estatus migratorio serán tratados con respeto. “No nos sorprenden este tipo de políticas porque el presidente Trump las anunció desde el primer día que lanzó su candidatura pero bajo el liderazgo de la Ciudad, nosotros no vamos a cooperar con ellos. Todos van a estar seguros”, destacó.

Aunque la nueva ley no protege a las familias que han sido ya separadas con la deportación bajo la administración del presidente Trump, Garcetti recalcó que hay ayuda legal para ellos a través del Fondo de Justicia de Los Ángeles que dispone de dos millones de dólares. “Pueden ir a Chirla, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes. También tenemos abogados pro bono que no cobran. Y en cada biblioteca de la ciudad los pueden referir a dónde obtener ayuda”, mencionó el alcalde.

La nueva orden ejecutiva tiene como fundamento que Ángeles es el hogar de 1.5 millones de residentes que nacieron en el extranjero y casi dos de cada tres habitantes son inmigrantes o hijos de inmigrantes.

Los inmigrantes son el motor de la economía de la Ciudad y representan el 47% de su fuerza laboral. Más de la mitad de los empresarios son inmigrantes que solo en 2014 generaron 3,500 millones de dólares en ingresos.