CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La cúpula empresarial advirtió que la corrupción ha calado en las instituciones y acarreando “graves” consecuencias en términos económicos y sociales.

Al emitir su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló:

“La corrupción es el mayor obstáculo para los negocios en el país, así como también es el segundo problema que los ciudadanos identifican como más importante, sólo detrás de la inseguridad”.

No es una casualidad, acotó. En nuestro país la corrupción tiene presencia en prácticamente todo tipo de transacciones, desde el pago para acceder a servicios supuestamente gratuitos –como la recolección de basura–, hasta el desvío de recursos públicos.

Según el organismo presidido por Juan Pablo Castañón, socialmente, la corrupción y debilidad de las instituciones se ha traducido en una caída de la confianza en la interacción entre sectores público y privado.

Ejemplificó:

En términos políticos, el fenómeno afecta al estado de derecho y la gobernabilidad. Actualmente, México vive una crisis de representación donde 91% de los ciudadanos no confía en los partidos políticos, 83% en los legisladores y 80% no cree en el sistema judicial, esto es una crisis de instituciones, recalcó.

No quedó ahí. Amplió la magnitud del problema.

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en países con altos niveles de corrupción, la inversión es hasta 5% menor, y de acuerdo con organizaciones como el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Banco de México (Banxico), el Banco Mundial (BM) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la corrupción oscila entre 2% y 10% del PIB. A nivel individual, Transparencia Mexicana estima que se dedica 14% del ingreso promedio anual a pagos extraoficiales.

Por si fuera poco, el problema no se reduce al sector público. Las empresas, los ciudadanos, las organizaciones civiles también forman parte de la corrupción.

El organismo cúpula hizo un llamado para que los estados y municipios repliquen el acuerdo y decreto presidencial de la ley 2 por 1, es decir, que por cada nueva regulación se tengan que eliminar dos regulaciones.

Además pidió al Congreso de la Unión que en este periodo de sesiones se apruebe la Ley General de mejora Regulatoria, para que pueda aplicarse en todo el país, donde se incluya y se reconozca un Observatorio Ciudadano de Mejora Regulatoria, identificando cuáles son los municipios y los estados que van mejor en este sentido.

Los empresarios exhortaron a los poderes ejecutivo y legislativo a nombrar “con transparencia e imparcialidad pero también con sentido de urgencia y sin más demoras” a un fiscal autónomo e independiente; así como también urgieron a los Congresos de los estados a aprobar las reformas necesarias para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los estados y municipios.

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