El homicidio de la periodista chihuahuense Miroslava Breach conmocionó a su amigo, el gobernador Javier Corral, cuyo gobierno se pone a prueba con este hecho brutal y ante la oleada de violencia que afecta a Chihuahua. El mandatario panista no duda en afirmar que el asesinato fue consecuencia del trabajo de la mujer que documentó para el diario La Jornada las relaciones del narcotráfico con el PRI, partido al cual esas revelaciones le tiraron candidaturas en varias alcaldías. Pero también, afirma Corral en entrevista, es una forma de retar a un gobierno dispuesto a combatir en serio al crimen organizado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Atribulado” desde que supo del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, unido a ella por el oficio y la amistad de tres décadas, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no duda que este crimen “milimétricamente planeado” fue un “silenciamiento” en venganza por su trabajo periodístico.
Recuerda que Miroslava documentó las relaciones de narcotraficantes con el PRI en Chihuahua, por lo que el equipo especial interdisciplinario que creó para investigar cree que hay un “móvil político” en el asesinato vinculado con su tarea periodística.
“Se trata de la ejecución de un crimen con propósitos de intimidación y de silenciamiento”, insiste. “Y digo esto porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica. Por eso la trascendencia de la investigación que estamos construyendo y de los resultados y del castigo a los responsables”.
–¿Detrás del crimen de Miroslava podría estar la narcopolítica?
–¡Sí, señor!
Por eso, admite el gobernador que milita en el PAN, tiene la enorme responsabilidad de acreditarlo. “Es mucho más grande porque los entramados de complicidad son muy amplios y, por supuesto, la ejecución de este asesinato milimétricamente planeado cuidó muchos aspectos”.
Sin embargo, tras reunirse con el grupo especial que creó, confía en que pronto esclarecerá el crimen:
“A ellos les he pedido estar conscientes de su responsabilidad y también les hice hincapié en la relevancia no sólo política, fundamentalmente social del caso, porque no se trata de distinguir ciudadanos de primera y de segunda, pero sí de identificar un valor muy importante: cuando se atenta contra la vida de un periodista son dos o tres o más bienes jurídicos los que están vulnerados: no solamente la vida misma sino la actividad como ejercicio de contrapeso, de equilibrio, de escrutinio al poder y al abuso del poder, sea formal o de facto”.
