Por Redacción Sentido Común.
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este viernes que se investigue el presunto uso de estructuras gubernamentales para la organización de acarreos y la distribución de acordeones en el marco de la elección judicial, tras ser cuestionada por un reportaje publicado por el diario Reforma.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal reconoció que, hasta el momento, no existen pruebas concluyentes que demuestren la intervención de funcionarios públicos, pero llamó a que las autoridades competentes realicen las indagatorias correspondientes.
«Si hay alguna denuncia de que algún funcionario o servidor público está utilizando algún recurso, pues hay instancias, está el INE, está el Tribunal. Por supuesto que no estamos de acuerdo con que se utilicen recursos públicos para ello, pero no hay ninguna demostración», declaró Sheinbaum.
La presidenta agregó que su gobierno no avala el uso de recursos públicos con fines político-electorales: «Si hay pruebas, que se presente la denuncia. Nosotros nunca hemos estado a favor de que usen recursos públicos».
Las declaraciones ocurren luego de que Reforma reveló que Morena estaría utilizando una plataforma digital —registros.territorios.mx— para organizar la movilización de votantes en la elección de este domingo. Según el diario, el sistema registra al menos 83 mil 690 personas reclutadas solo en el Distrito 14 federal de la Alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con testimonios y fuentes internas, los movilizadores habrían sido organizados desde marzo y estarían recibiendo una paga mensual de 8 mil pesos, supuestamente proveniente de la Secretaría del Bienestar capitalina. La dependencia negó ayer cualquier vínculo con acciones de financiamiento electoral y aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y la legalidad.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, también rechazó cualquier injerencia: «El Gobierno de la Ciudad de ninguna manera está influyendo para el tema interno de la elección del Poder Judicial», declaró.
El caso ha generado controversia por el posible uso indebido de recursos públicos en un proceso que busca renovar parte del Poder Judicial mediante una consulta ciudadana impulsada por el Ejecutivo.
