Cada una de las 32 entidades deberá contar, en julio del 2017, con un Sistema que permita combatir los delitos de corrupción en la esfera estatal, sin permitir que los Congresos o los gobernadores creen recovecos contrarios al espíritu de la ley
Una vez que se concretó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a nivel federal, el siguiente reto es construir el andamiaje contra la corrupción en los estados.
Ahí, el mayor reto estará en vencer las presiones –externas y propias- que ya se sienten para que el combate a la corrupción no sea tan eficiente y haya resquicios de impunidad.
Estas presiones vienen no solo de los gobernadores, sino de los propios partidos y de otros actores que puedan ver dañados sus intereses; se incluyen también las aspiraciones políticas de los propios diputados locales que estarán encargados de esta construcción.
Para el 19 de julio del 2017, cada una de las 32 entidades deberá contar con un Sistema Local Anticorrupción funcional que permita combatir los delitos de corrupción en la esfera estatal.
El principal desafío será que los sistemas locales sean un reflejo del Sistema Nacional, sin que los Congresos estatales o los gobernadores creen recovecos y salidas que sean contrarios al espíritu de la ley: castigar a los corruptos.
Ya ocurrió. En meses recientes, los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, impulsaron reformas para supuestamente lanzar la legislación anticorrupción en sus entidades, pero lo hicieron sin respetar lo que dispone la ley nacional. Buscaban protegerse.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que indicar que se diera marcha atrás en esos cambios.
La aprobación del SNA fue el logro de la sociedad civil y los grupos empresariales que empujaron el tema. Es, por mucho, la reforma más importante aprobada por el Congreso en el 2016.
En el Congreso de la Unión ya se comenzó a trabajar con los congresos locales para armonizar la legislación de todas las entidades del país.
Ayer se instaló la primer mesa de trabajo en el Senado de la República, en la que trabajaron tanto legisladores federales como locales.
Los trabajos arrancaron a unas horas de conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, este 9 de diciembre.
Vencer presiones
Luis Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, reconoció que tanto el Congreso de la Unión como los Congresos locales no han alcanzado la autonomía necesaria para aprobar leyes que lastimen intereses particulares.
El senador perredista llamó a los legisladores locales a no ser comparsas del poder, pensando que es su obligación alinearse a los mandatos externos, sino a asumir su papel como constructores de un andamiaje institucional que permita atacar el cáncer de la corrupción.
“No es controvertir con el poder, por favor. No se trata de no ser político. ‘Es que no es político el que no se adecúa al poder’. No, no, no. Yo creo que de verdad tenemos que leer los tiempos que ya llegaron; el combate a la corrupción ya llegó y no se va a ir. ¡No se va a ir!
“Nos está costando mucho trabajo en el Congreso de la Unión construir los pilares fundamentales de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el fortalecimiento de una Función Pública verdaderamente autónoma y no pelele del gobierno, del Poder Ejecutivo, y el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción”, reconoció Barbosa.
