El drama de las salvadoreñas que mueren con los fetos adentro a causa de la ley contra el aborto La ley contra el aborto no permite dar tratamiento a las mujeres que sufren enfermedades graves porque podrían comprometer la vida del feto
ndo llegó a nosotros, con un embarazo gemelar de dos meses, no podía ya comer ni respirar”. Guillermo Ortiz relata a BBC Mundo uno de los casos que más le marcaron de todos los que atendió el servicio perinatal del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador, un centro público, durante los 20 años en los que él estuvo al frente.
Era una mujer de “escasos recursos” que había acudido al Hospital Rosales —el principal centro público de atención general del país— por un agresivo cáncer de paladar. Y de allí la remitieron al centro en el que trabajaba Ortiz.
“La enfermedad se la habían detectado al inicio de la gestación, pero ni siquiera le hicieron la biopsia y por supuesto no le dieron quimioterapia ni ningún otro tratamiento”, cuenta.
Los médicos temían afectar con ello a los fetos y que, por consiguiente, fueran acusados de intentar llevar a cabo un aborto y condenados a hasta 12 años de cárcel. Esa es la pena máxima que enfrentan los profesionales sanitarios de El Salvador si se prueba que realizaron tal intervención, mientras que la de las mujeres que se someten a ella es de hasta ocho.
Aunque también pueden llegar a ser sentenciadas por homicidio agravado y purgar una condena de hasta 40 años. Hay 17 mujeres que alegaron haber sufrido abortos espontáneos encarceladas en esos términos.
“Así que cuando la recibimos en nuestro centro la mujer ya estaba terminal”, recuerda. “Murió a los dos días con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no permitió a sus médicos darle el tratamiento contra su cáncer”, se lamenta.
“Fue un caso muy triste. No se le ofreció ninguna opción. Simplemente se dejó que el cáncer avanzara“.
Sin opciones
El desgraciado final de aquella mujer no es el único que quedó grabado a fuego en la memoria del doctor Ortiz.
También recuerda con pesar a la mujer de 19 años que llegó hinchada por una afección renal que su embarazo había agravado, y que falleció a las 22 semanas.
“Son cantidad los casos que no pudimos atender como era debido porque la ley nos tiene maniatados“, dice. Se refiere al Código Penal de 1998, en el que se eliminaron las causales porlas que el aborto estaba despenalizado.
Hasta entonces no se consideraba delito cuando la vida de la mujer estuviera en peligro, en casos de violación o estupro— coito con persona entre 12 y 18 años conseguido con engaño y, por equiparación legal, incesto— y si el feto tenía graves deformidades incompatibles con la vida. Pero con la nueva normativa el aborto se volvió ilegal en todos los casos.
Entró en vigor el 20 de abril de aquel año y meses después —y con reforma de por medio— en la Constitución quedó reconocida la “persona humana” desde la concepción; esto es, desde el mismo momento en el que un espermatozoide entra en un óvulo.
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“Ante casos de embarazadas con leucemia o linfoma, esta ley hace que los especialistas tengan que dar fármacos no citotóxicos— capaces de matar al feto como efecto secundario del medicamento— aun sabiendo que no son los mejores tratamientos contra esos males”, dice. “Pero no tenemos opciones. Es eso o nada”.
El caso de Beatriz
Esa es, precisamente, la alternativa que tuvo Beatriz: ninguna. Su caso es quizá el más paradigmático de todos, ya que agotó todas las instancias posibles y traspasó fronteras.
Al quedar embarazada por segunda vez, el lupus eritematoso que sufría esta mujer de 22 años— un trastorno por el que el sistema inmunitario ataca por error al tejido sano, afectando a la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos—, se agravó y los médicos le advirtieron que su vida corría peligro.
Además, el feto era anencefálico, por lo que, si decidía llevar a término el embarazo, el bebé nacería sin cerebro y con nulas probabilidades de permanecer con vida, le advirtieron los doctores.
Así, con el apoyo de médicos y varias organizaciones, Beatriz solicitó a la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema la interrupción de su embarazo.
Era abril de 2013 y un mes después la corte, le contestó que su vida no estaba en riesgo inminente, que aquello solo era una posibilidad futura.
Y sentenció: “Este tribunal sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (el que ha de nacer) ni viceversa”. Así que le practicaron una cesárea. El feto murió a las 5 horas.
“Fue una gran injusticia”, se lamenta Ortiz. “‘No hubo daño’, dijeron algunos, porque ella sobrevivió. Pero el daño a su salud mental es irreparable”, sentencia.
“Esa angustia de acostarse sabiendo que lo que lleva en el vientre se mueve pero que no sobrevivirá y que ella puede morir en el proceso, eso no lo ven. Sólo ven que está viva”, concluye Ortiz. “Es injusto someterse a las mujeres a esas torturas emocionales”.
Y aunque no lo diga, se adivina que eso tuvo que ver en su decisión de cambiar de trabajo y de país.
Desde enero trabaja desde Nueva York, Estados Unidos, para IPAS, una organización internacional sin ánimo de lucro que lucha contra la mortalidad maternal por abortos inseguros y reivindica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Atados de manos”
No todos los casos en los que la ley contra el aborto obstaculizó la práctica médica salen a la palestra, recuerdan los médicos entrevistados por BBC Mundo. Pero la sensación de estar atados de manos es cotidiana, insisten.
Estos, que a diferencia de Ortiz prefieren mantenerse en el anonimato, hablan por ejemplo deembarazos ectópicos— los que ocurren fuera de la matriz y son potencialmente mortales para la madre—que no se atienden hasta que la trompa de falopio explota.
También de pacientes que sufrieron abortos espontáneos y de médicos que se negaron a practicarles un legrado(eliminar tejido del útero mediante raspado con una legra).
De casos que directamente no atienden y refieren a colegas.
Y es que, a pesar de que el secreto profesional protege en un principio a las pacientes, en los centros existe un protocolo por el que, si se sospecha o hay evidencias de que el aborto fue provocado, se debe avisar a la Fiscalía.
“Pero los profesionales se salud no solo se enfrentan a consecuencias legales, sino también de prestigio“, dice Ortiz. BBC Mundo preguntó al Ministerio de Salud si dicha la ley a la práctica médica y si tiene constancia de casos como los descritos arriba, pero hasta el momento de esta publicación no tuvo respuesta.
11% de abortos terminan en muerte
Pero lo que la legislación, una de las más restrictivas del mundo, no hace es frenar los abortos, denuncian organizaciones. Global Health Council, una red de grupos en defensa de la salud, calcula queentre 1995 y 2000 hubo un total de 246,275 abortos en El Salvador.
Y entre enero de 2005 y diciembre de 2008 la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud registró 19.290 abortos, todos ellos clandestinos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11% de las mujeres y niñas que se sometieron a abortos clandestinos en el país murieron.
“Como es muy difundido que es un delito penado por la ley, las mujeres probablemente lo realizan más en el anonimato, en condiciones poco seguras, arriesgando sus vidas y con personal poco entrenado”, dice a BBC Mundo una ginecóloga que trabaja en el primer nivel de atención de El Salvador, pero que no quiere ser identificada.
“Una mujer en este país no se va a practicar un aborto (en esas condiciones) por razones que no sean de peso”, dice. Además, “aquellas que esperan condena son de estratos bajos que no tuvieron apoyo”, reconoce. Sus declaraciones las respaldan las cifras.
Entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011 la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia del país y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos.
El colectivo identificó 129 mujeres que habían sido procesadas por aborto u homicidio agravado. De ellas 49 habían sido condenadas, 13 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados.
El 68.22% tenía entre 18 y 25 años.
En cuanto al nivel de formación, 6,98% eran analfabetas, 40.3% tenían algún tipo de educación primaria, 11.63% habían llegado a cursar bachillerato y solo 4.65% tenían educación superior.
El 73.64% de esas mujeres eran solteras, el 51.16% no recibían remuneración económica alguna por su trabajo y un 31.78% recibían remuneraciones “muy bajas”.
“La que tiene dinero (…) ni siquiera creo que se lo haga aquí en el país. Y si lo hace, seguramente tiene cómo pagar para que se haga en mejores condiciones”, dice la ginecóloga a BBC Mundo. “Esa no se complica, no llega al hospital público, no es reportada, no es juzgada“, añade. “Así son las injusticias y la desigualdad social”.
Embarazo fruto de violación
Con ella coincide Juan Carlos Lovo, un veterano gineco-obstetra salvadoreño, quien cuenta a BBC Mundo un caso con el que se encontró recientemente.
“Una menor quedó embarazada porque la había violado su padrastro”, narra.
“Al saberlo, la madre y ella misma denunciaron al agresor y pensaron en la posibilidad de interrumpir la gestación“, explica.
“Pero desistieron porque ya había una investigación en curso, un seguimiento legal porque habían demandado al padrastro, y estaba en control por embarazo”.
Por ello, considera que se debería reformular la ley para casos como ese o para los mencionados arriba.
Organizaciones sociales presentaron 300,000 firmas el 22 de abril de 2015 al gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema para pedir la despenalización del aborto.
Hoy la Asamblea Legislativa discutirá posibles reformas a los artículos que lo castigan, pero no por los motivos que mencionan los médicos. La propuesta fue hecha por un grupo de parlamentarios de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Los diputados del partido de oposición, de derecha, piden aumentar hasta 50 años de cárcel la pena para las mujeres que sean halladas culpables del delito de aborto y para los doctores que las ayudaron.
El mismo castigo que estipula el Código Penal para los que cometen homicidio agravado, para que no haya “tratos de favor”.
