Por: Vicente Hernández
“Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco.”
«Jaime Perich»
El 19 de julio de 2015, tres mujeres fueron detenidas por elementos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT) cuando pretendían tomar un vuelo privado de esta localidad al aeropuerto de Toluca, por la ilegal transportación de un millón de pesos en efectivo que cargaban en un maletín durante las votaciones que se llevaron a cabo para elegir a 41 diputados locales y 122 presidentes municipales en esta entidad, una de estas mujeres arrestadas fue Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, quien no pudo acreditar la legal transportación de un millón de pesos en efectivo que ella cargaba en un maletín, Hernández Ruedas fue identificada por el entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, como una de sus colaboradoras, actualmente esta misma presunta delincuente es diputada federal en el Distrito 1 con sede en Zacatecas, y su nombre vuelve a ser noticia, y ocupar los espacios periodísticos, cuando hace días presento la iniciativa de reforma a la Ley Sobre Delitos de Imprenta, que entre distintos aspectos contempla la actualización de las sanciones económicas por injuriar al Presidente de la República.
La iniciativa fue bateada en las dos Cámaras después de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara durante su mañanera que vetará el dictamen propuesto por la zacatecana Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, (del grupo legislativo de Morena) y aprobado, un día antes, por la Comisión de Gobernación y Población, de la citada Cámara, que pretendía el aumento a los castigos por “injurias” al jefe del Poder Ejecutivo Federal, así como a los secretarios del gabinete, a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a gobernadores, legisladores y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), al referirse sobre el tema el primer mandatario exclamo: “Está, como me sorprendió ayer, que autorizan en la Cámara que el que insulte al presidente le van a aumentar el castigo, y va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso, no necesito eso, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué, o sea no, libertad de expresión” ¡sopas!
Desde luego las reacciones después de las declaraciones de López Obrador no se hicieron esperar de parte de los coordinadores de las bancadas morenista en las dos Cámaras; Ricardo Monreal e Ignacio Mier, así como de parte de la caja de resonancia en la que se ha convertido la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, pero también la del llamado grupo opositor donde hubo distintas reacciones, como la de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora adelantó que, a diferencia de la propuesta del partido Morena, promovería una iniciativa para que el titular del ejecutivo pague cinco mil pesos por cada mentira que emita en cualquiera de los espacios en los que se presenta, así lo declaró: “Voy a promover una iniciativa para que el presidente pague de su salario 5,000 pesos por cada mentira que dice, en una sola mañanera se acabará su mensualidad”
De igual manera la Senadora hizo referencia a la opinión que sobre este tema vertió el ciudadano Fernando Peña Garavito, mismo que recordó que la consultora Spin reportó que, hasta diciembre de 2022, el mandatario llevaba cerca de 94 mil presuntas mentiras en lo que va de su gobierno, rematando esta información con lo siguiente: “Dicen que lleva 95 mil mentiras, ya estaría debiendo $475 millones de pesos… tiene razón, senadora, ya se acabó varias mensualidades…”
Yo de manera personal, opino que aumentar las multas por el presunto delito de injurias al presidente no sería la solución, sin embargo, si vulneraria el derecho a la libertad de expresión, plasmado en nuestra Constitución, ya que si algún ciudadano tiene ganas de insultar al primer mandatario simplemente le preguntaría ¿Son 4,500 pesos de multa por mentarle la madre? Pues aquí traigo 45,000 pesos y déjeme decirle 10 veces “Vaya usted a chin…madre” y extiéndame el recibo, “Con todo respeto.”
Coincidiendo este ficticio ejemplo con lo que también dijo la Senadora Lilly Téllez: “El presidente es un inepto y un mentiroso. ¿Dónde deposito la multa por decir eso? Morena nos va a cobrar hasta la libertad para hablar, mientras al presidente le sale gratis insultar a los ciudadanos desde el poder”
Así fue la efímera historia del proyecto legislativo en el que se pretendió modificar al IV estatuto del artículo 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, específicamente a los castigos por “ataques al orden o a la paz pública” y que en dicho punto se estableció que las injurias al jefe del ejecutivo en medios impresos corresponde a una multa de cien, a mil pesos, o una pena que va desde los seis meses hasta el año y medio de prisión; sin embargo, con la actualización el pago podría aumentar a cuatro mil 139 pesos, pero al final la “Progresista” Diputada se quedo con las ganas de desquitarse de la prensa, o de sus adversarios políticos, que un día la balconearon por “mapache electoral” FIN de película.
