MÉXICO, D.F. (apro).- El Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, confirmó el auto de formal prisión contra el fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles.
La medida también aplica para las otras personas que fueron detenidas junto con Mireles el pasado 27 de junio en el municipio de Lázaro Cárdenas, en un operativo en el que participaron fuerzas federales y militares.
Se trata de Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas. Ellos y el exvocero del Consejo de Autodefensas de Michoacán fueron acusados del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de mariguana y cocaína.
El auto de formal prisión contra Mireles, quien se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno de Enrique Peña Nieto y en particular para el comisionado Alfredo Castillo, fue dictada el 5 de julio por el juez quinto de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en la causa penal 137/2014.
Y este viernes, en el expediente auxiliar 261/2014, el magistrado de circuito Miguel Ángel Velarde confirmó la calidad de presos de él y los otros tres acusados.
Los procesados serán notificados de la resolución en los centros penitenciarios en los que se encuentran internados: Mireles Valverde, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 “CPS Sonora”, en Hermosillo, Sonora, y coacusados, en el Cefereso número 4 “Noroeste”, en Tepic, Nayarit.
El apoderado jurídico de los michoacanos, Salvador Molina Navarro, promovió un juicio de amparo indirecto a mediados de septiembre pasado, invocando una violación a las garantías procesales de sus defendidos, porque el tribunal de apelación se excedió del término para resolver el asunto que establece el artículo 383 del Código Federal de Procedimientos Penales.
A nombre de los quejosos, Molina Navarro reclamó la violación a los principios de justicia pronta y expedita, y al debido proceso, por no respetar los términos legales. Sin embargo, el juicio de amparo radicado en el Primer Tribunal Unitario, en Michoacán, aún no se resuelve.
