Fuentes fidedignas. Por: Isaias Alvarez
En Tamaulipas, hay alcaldes que entregan obras, y otros que entregan observaciones. Esta semana nos enteramos de que 27 exalcaldes están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción, luego de que la Auditoría Superior del Estado detectara irregularidades por más de 366 millones de pesos en sus cuentas públicas. Más de un tercio de mil millones de pesos sin justificar, desaparecidos, o mal usados.
La Auditoría hizo su trabajo: revisó, señaló, notificó y, en varios casos, presentó denuncias formales, lo que no ha llegado es la justicia.
Entre los nombres destaca -como siempre- Maki Ortiz, exalcaldesa de Reynosa, acumulando tres denuncias por más de 77 millones de pesos ¿Y qué pasó? Nada. Al contrario: hoy es senadora de la República, y su hijo, Carlos Peña Ortiz, sigue despachando como alcalde de Reynosa, con los mismos vicios heredados, y con el mismo estilo de justificarlo todo con publicidad.
¿Y por qué no pasa nada con ella? Pues porque Maki no es cualquier exalcaldesa. Es pieza clave del grupo político de Francisco García Cabeza de Vaca, el mismo que hoy es prófugo de la justicia, pero que sigue moviendo hilos gracias a una red de protección bien aceitada. Y Maki no solo es parte de ese entramado: es beneficiaria directa del blindaje que les da la estructura judicial que opera como escudo político.
Ahí están también José Elías Leal con 24 millones observados; Rogelio Villaseñor y Juan Diego Guajardo en Río Bravo con 66 millones entre ambos; y una larga lista de exfuncionarios que deberían estar rindiendo cuentas, pero siguen libres, sonriendo para la foto y, en algunos casos, cabildeando candidaturas.
El patrón es el mismo: se les observa, se les señala, se les denuncia y no pasa nada. ¿La razón? La impunidad no es casualidad, es diseño.
Hace unos días, desde la Cámara de Diputados federal, se expuso una red de jueces federales que han operado como muro de contención para proteger a Francisco García Cabeza de Vaca. Se habló de amparos exprés, favores judiciales y escoltas pagadas con recursos públicos, todo con nombres y apellidos. Y aunque parecía una bomba, en Tamaulipas nadie se inmutó, yaa sabemos cómo funciona la justicia en nuestro estado.
Y claro, si Cabeza de Vaca fue blindado por jueces, ¿cómo no lo van a estar sus aliados, sus operadores, sus piezas más fieles como Maki?
Que no nos sorprenda entonces que las denuncias contra ella duerman en la Fiscalía. Que no extrañe que su hijo reparta becas con su cara y saque contratos como si Reynosa fuera herencia familiar. La protección es total, porque el poder todavía no cambia de manos del todo. Lo que pasa en tribunales es reflejo de lo que aún se mueve tras bambalinas.
Aquí el problema no es que no se haya hecho nada, se ha hecho, la ASE cumplió y el Congreso no ha callado. El problema es que los casos se congelan donde debería haber acción: en las fiscalías y en los juzgados a modo.
Parece que en Tamaulipas, ser exalcalde no es un riesgo, es un trampolín. Y si eres Maki Ortiz, el brinco te lleva directo al Senado con escolta, fuero y aplausos.
