Llevar a la cárcel a quien instala estaciones de radiodifusión sin concesión es contrario a los derechos humanos. Algo tan básico, no quiere ser asimilado o atendido por los diputados que en la Comisión de Radio y Televisión aprobaron una reforma que criminaliza esa actividad e ignora las recomendaciones que se han emitido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es obvio: los legisladores actúan con agenda política ante las elecciones de 2018 y buscan congraciarse así con un sector de la industria que comparte esa visión estrecha del problema de la radiodifusión ilegal y, claro, de los derechos de las audiencias. Los intereses políticos se imponen a los derechos humanos.
La iniciativa fue presentada por un Diputado del PRI, Benjamín Medrano, y ha contado con el respaldo de ese partido y del Partido Verde. Como lo han denunciado diversas organizaciones, como Artículo 19 y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, la reforma al artículo 172 del Código Penal se inspira en la legislación chilena, de los gobiernos militares, con el fin de imponer penas de dos a seis años de cárcel, multas de 100 a 300 días de salario mínimo, así como el decomiso de los equipos a las personas que utilicen las frecuencias sin la autorización correspondiente.
También la iniciativa busca modificar el artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que aquellas personas sancionadas por la instalación de estas emisoras ilegales queden inhabilitadas para obtener directa o indirectamente concesiones durante un periodo de cinco años.
