La jefa delegacional de Tlalpan presenta denuncia penal contra cualquier autoridad que resulte responsable de haber dado el visto bueno a la estructura del colegio, donde murieron 19 niños y 9 adultos
La jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves una denuncia penal contra cualquier autoridad que resulte responsable de quien o quienes hayan dado el visto bueno a la estructura del colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y 9 adultos luego de que se derrumbara por el sismo de 7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre.
Dicha denuncia está dirigida principalmente contra el director general Jurídico y de Gobierno a cargo durante 2010, Alejandro Zepeda Rodríguez; el director general Jurídico y de Gobierno que ejercía durante 2014, Miguel Ángel Guerrero López, y contra la dueña de la escuela, Mónica García Villegas, por corresponsabilidad.
De acuerdo con informes solicitados al Tribunal de Justicia Administrativa, en el año 2013-2014, en la administración de Marisela Contreras, el 3 de noviembre de 2013 la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos declara que es improcedente la solicitud que hace la propietaria del artículo 62, el cual estipula en la ley de construcciones que se está construyendo algo menor. La Dirección General de Obras y Servicios Urbanos dice que no es una obra menor.
El 12 de diciembre de 2013, la Dirección General de Jurídico y Gobierno realiza la visita de verificación, es decir, la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos le pasa el expediente en aquel momento al Jurídico, el cual en 2014 ordena clausurar y sancionar con el 5% del valor de la construcción y 300 días de salario mínimo. Presuntamente se ponen sellos en la construcción y presuntamente estuvo clausurada prácticamente un año.
El 12 de diciembre de 2014 se levantan los sellos y con eso se cierra el expediente: «Lo que encontramos, que es verdaderamente indignante, en el expediente jurídico, es que la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos le dice al jurídico que al momento del análisis técnico se observó que se están haciendo trabajos de demolición de estructuras de concreto armado del tercero y cuarto piso, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción. Se cierra el expediente jurídico con 21,000 pesos de multa», dijo Sheinbaum, quien recapituló:
El 25 de octubre de 2016 hay una visita de inspección por uso de suelo por denuncia vecinal.
El 23 de enero de 2017, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) emite una sanción con una multa y conmina a la escuela a resolver el tema. Los verificadores del Invea reportan que sólo es un tema del uso de suelo y no de construcción. Al ser así, la delegación nunca fue notificada.
El 3 de abril de 2017, la escuela presenta juicio de nulidad contra la multa, ya que la escuela nunca fue clausurada.
El 31 de mayo de 2017, el tribunal emite sentencia a favor del Invea.
El 1° de agosto de 2017, ponen un recurso de apelación a la multa.
La delegada dijo que queda pendiente el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles: «Ese dictamen nos va a decir el análisis de las estructuras del edificio. Ellos van a tardar varias semanas en hacer este dictamen. Van a hacer el análisis del concreto, de los planos, los expedientes y van a hacer un dictamen».
«En el caso de que haya responsabilidad, vamos a actuar de la misma manera, contra el director responsable de Obras y el corresponsable de Seguridad Estructural, que a la autoridad delegacional le dicen de puño y letra que el edificio era seguro», concluyó Sheinbaum.
EXPANSIÓN
