Ciudad de México, a 11 de abril de 2016.
No. 1298
El secretario de la Comisión de Gobernación, diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), aseguró que la desaparición forzada en México “es una constante” que afecta a miles de víctimas y existe un alto índice de impunidad vinculada a la ausencia del Estado o a la permeabilidad de las fuerzas policíacas con el crimen organizado.
Por esos motivos, subrayó, se requiere la aprobación de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución.
Para concretarla, se requiere la opinión de la población y de especialistas. Incluso, dijo, “nuestro grupo parlamentario está buscando que acuda el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de que nos dé su opinión sobre un asunto tan importante y no se quede en una mera posición política”.
Al participar en el “Tercer Foro Nacional: Prevención del Delito, Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Derechos Humanos”, el legislador también planteó consultar a los organismos internacionales y activistas en pro de los derechos humanos. “Es el momento de reflexionar sobre la necesidad de que estos se cumplan irrestrictamente, por parte del Estado, porque las tentaciones autoritarias están a la vuelta de la esquina”, acotó.
Comentó, por otra parte, que desde la reforma juarista de 1857 y conservada en la Constitución de 1917, existe la posibilidad de que el presidente de la República dicte estados de excepción por causas de orden público o de guerra, o cuando esté en riesgo el Estado.
En su turno, el coordinador de la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, David Contreras Silva, indicó que los derechos humanos y la prevención del delito no son temas menores, ya que en el caso del campo, quienes reciben apoyo por parte de programas sociales y productivos son víctimas de extorsiones.
Por ello, continuó, hemos pedido a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no publicar los nombres de beneficiarios, como medida de seguridad.
César Sarabia Valdovinos, presidente de Charlando en Red con César Sarabia A.C, consideró que el Estado mexicano enfrenta un deterioro en las instituciones encargadas de brindar seguridad pública e impartición de justicia; agravado, además, por la penetración de la delincuencia y complicidad de autoridades con criminales.
“El desafío de poner un alto al crimen y a la inseguridad es inaplazable, pues mina el desarrollo de las personas y daña el tejido social. Los órganos gubernamentales deben promover una cultura de legalidad, donde la participación de los medios de comunicación y los ciudadanos es necesaria”, comentó.
Silvia Anguiano Rodríguez, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, subrayó que los organismos procuradores de justicia luchan para garantizar la tolerancia, protección y cumplimiento de las garantías ciudadanas por parte de los servidores públicos.
Estimó que falta mucho por avanzar en el tema para lograr un nivel en el que no existan violaciones graves a los derechos humanos de las personas, como la desaparición forzada. “Es deber del Estado salvaguardar los derechos de los ciudadanos y atender a los grupos vulnerables como la población indígena, menores de edad y periodistas”.
Gerardo Romero, director general de Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, indicó que esta institución previene el delito a través de acciones para disminuir amenazas y eliminar las causas de las infracciones.
La dirigente de Mujeres Líderes en Progreso A.C., Ana Laura Orozco, resaltó que es un hecho inalienable que la condición jurídica de la mujer a nivel mundial ha logrado cambios fundamentales; sin embargo, en México estados como Jalisco registran un gran número de víctimas, ya que ocupa el segundo y cuarto lugar en el país de mujeres desaparecidas y homicidios dolosos, respectivamente; además, en 2015 registró más de 125 mil asesinatos.
Tiene el primer lugar en extorsiones y el quinto en mujeres desaparecidas. “Esto es alarmante, porque no es exclusivo de esta entidad. No podemos seguir siendo un número más cuando familiares de víctimas siguen en las calles preguntándose dónde se encuentran sus familiares”, concluyó.
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