Sistema Nacional Anticorrupción otorgará a la ASF nuevas facultades de fiscalización de deudas locales

Ciudad de México, a 6 de abril de 2016.

No. 1266

· En 2014, su monto ascendió a 509 mil 690.3 millones de pesos, 1.9 por ciento superior a la de 2013: Portal Martínez

· Por sus capacidades funcionales, es previsible y deseable que la ASF adquiera un rango destacado: Maldonado Venegas

· Fundamental vincular el informe de la ASF con la asignación presupuestaria: Minerva Hernández

Durante el análisis del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, en el ramo de Función de Gobierno, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, señaló que la deuda pública de los estados y municipios ascendió a 509 mil 690.3 millones de pesos, al cierre de ese año, monto 1.9 por ciento mayor a 2013.

Ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Portal Martínez estimó fundamental la implementación efectiva de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para propiciar estabilidad y sostenibilidad en las finanzas públicas y en la deuda subnacional en el mediano y largo plazos.

No obstante, el titular de la ASF agregó que con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría tendrá nuevas facultades en materia de fiscalización de deuda local garantizada con recursos federales; asimismo, mantendrá su atribución de auditar el endeudamiento vinculado con cinco fondos de aportaciones federales para las entidades federativas y municipios.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Luis Maldonado Venegas, señaló que un tema de particular interés para la nación es el Sistema Nacional Anticorrupción.

Tal sistema, dijo, será una instancia de coordinación e intercambio informativo entre organismos de los tres poderes y los sistemas locales, los de carácter estatal y municipal. Por ello, se deben diseñar y promover políticas relativas a la fiscalización y control de recursos públicos, así como generar informes de avances y resultados de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

En el rubro de evaluación del desempeño, explicó que la ASF podrá emitir recomendaciones no vinculantes pero las autoridades destinatarias deberán informar sobre la atención que brinden a las mismas. “Es previsible y deseable que por sus capacidades funcionales, analíticas y administrativas la ASF adquiera un rango destacado en su operación”.

Puntualizó que uno de los avances es que la Auditoría podrá fiscalizar, en tiempo real, las participaciones federales y deuda pública. Adelantó que esta comisión estará en permanente coordinación con la ASF para evaluar e impulsar las propuestas orientadas a fortalecer el trabajo de fiscalización superior en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

La diputada María Monserrath Sobreyra Santos (PRI) mencionó que un tema de trascendencia en este sector, es el de seguridad pública-Procuraduría General de la República (PGR), pues un hallazgo en la Cuenta Pública 2014 es que se dio mayor solidez a la averiguación previa, ya que de cada cien indagatorias de este tipo consignadas, se logró incrementar el número de las que se sentenciaban.

Relató que la ASF detectó que la reducción de las averiguaciones despachadas fue acelerada antes del 2012. En la administración actual se contuvo el descenso aunque siguió a la baja. Del 2009 al 2013, las averiguaciones previas despachadas decrecieron 22.8 por ciento, al pasar de 142 mil 183 a 109 mil 758. Las pendientes de despacho aumentaron en 74.9 por ciento, al pasar de 36 mil 225 a 63 mil 366. Las consignadas decrecieron 18 por ciento; las no consignadas disminuyeron 24 por ciento. No obstante ello, precisó que es necesario aumentar la efectividad de la PGR.

Minerva Hernández Ramos, diputada del PAN, dijo que este informe demuestra que el 83.3 por ciento de los recursos están observados en cinco rubros; hay subejercicios en el 19 por ciento; la obra pública tiene observaciones, las adquisiciones y contratos, el diseño de políticas públicas y la participación de intermediados en la dispersión del gasto.

La ASF, expuso, da recomendaciones para hacer reformas y tener la pauta para perfeccionar el sistema jurídico mexicano. Por ello, dijo, es pertinente vincular el informe de la ASF con la asignación presupuestaria. “No podemos estar poniéndole dinero bueno al malo. Estamos aletargados en la comisión, pues no hemos discutido una Ley de Fiscalización, que es obligación nuestra para combatir la corrupción”.

Del PRD, la legisladora Maricela Contreras Julián expresó su preocupación por las irregularidades detectadas en el Fonden; en el Programa de Transición Digital, donde la ASF descubrió que no se realizó una investigación de mercado en la adquisición de los televisores, lo que implicó un gasto mayor a 82 millones de pesos que no se ahorraron y se gastaron de más, y en la Sadatu, que no comprobó la transferencia de 18 millones de pesos.

Puntualizó que no existe compromiso de los entes para aplicar con transparencia los recursos. Pidió a la ASF dé a conocer los mecanismos que propone para que los presupuestos se utilicen por parte de las dependencias de manera eficiente y con certificación.

Alicia Barrientos Pantoja, diputada de Morena, se refirió al presunto gasto irregular de casi 16 millones de pesos en la Comisión Nacional del Agua, así como a la deficiencia y baja calidad del servicio de provisión de este vital líquido.

Cuestionó sobre los proyectos hídricos que el gobierno federal pretende llevar a cabo a largo plazo para aprovechar nuevas fuentes de abastecimientos. Pidió conocer la opinión de la ASF respecto a las figuras “Asociación Público-Privadas; Proyectos de Prestación de Servicios y Fideicomisos, Mandatos y otras figuras no paraestatales”.

La diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano) subrayó que el tema de la corrupción es recurrente, pues la percepción es que no ha mejorado y México sigue siendo percibido como la nación más corrupta dentro de los países miembros de la OCDE.

Destacó su interés por hacer un análisis a fondo de la impunidad y del sistema de control interno, ya que es insuficiente e inadecuado. Es preocupante, el tema de la Secretaría de la Función Pública, en lo relativo a su presupuesto y la vigilancia que le da a los servidores públicos corruptos.

Por Nueva Alianza, el legislador Francisco Javier Pinto Torres destacó que el compromiso de esta Cámara con la transparencia y rendición de cuentas no debe ser entendido como un mero elemento demagógico y discursivo. “Somos responsables no sólo de propiciar el perfeccionamiento del marco jurídico, sino también ser ejemplo de transparencia y atender las exigencias ciudadanas de combate a la corrupción y claridad sobre el uso que se da a los recursos públicos”.

Cuestionó si la Auditoría cuenta con algún indicador o mecanismo para asegurar que las contrataciones por “Honorarios Asimilables a Salarios” en esta cámara estuvieran efectivamente prestando sus servicios de manera cotidiana en las tareas de asesoría a los legisladores, pues en 2014 éstos registraron un incremento de casi el 30 por ciento con respecto al año anterior.

Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente, expresó que a pesar de que se han emprendido esfuerzos para disminuir la tendencia de la corrupción, estos han sido insuficientes; por ello, se manifestó por mejorar el control interno de las instituciones, pues se ha gastado más de lo presupuestado y aprobado, lo que da como resultado mayor déficit y crecimiento de la deuda pública.

Los datos de la ASF descalifican a esta Cámara de Diputados para exigirle al Ejecutivo y a otras instancias cumplan con el presupuesto. En 2014, el Poder Legislativo gastó más de lo aprobado en 7 por ciento. “Es lamentable que estemos siendo parte de un proceso histórico de simulación en el país”.

En su intervención inicial, y en respuesta a los cuestionamientos de los diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, mencionó que se realizaron 124 auditorías vinculadas con las funciones de Gobierno y Hacienda, lo que implicó la fiscalización de 42 entes públicos.

Se formularon 441 observaciones, que generaron 672 acciones que se dividen en 394 recomendaciones; 110 recomendaciones al desempeño; 7 solicitudes de aclaración; 5 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 123 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y 33 pliegos de observaciones.

Con el propósito de informar a la sociedad sobre cómo se gastaron los recursos, con una visión integral y estratégica, se identificó que las acciones de Gobierno se vinculan con los siguientes riesgos: 25.6 por ciento, con diseño e implementación de la política para atender el problema público; 11.1 por ciento, con adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen con la norma, pero que no representan las mejores condiciones para el Estado.

El 7.8 por ciento, con revelación de pasivos y gastos; 6.7 por ciento, con débil incorporación de tecnologías de la información en el ejercicio gubernamental; 6.7 por ciento, con obra pública; 1.1 por ciento, con servicios suministrados por particulares; 1.1 por ciento, con información sobre beneficiarios de los programas sociales, y 40 por ciento se ubicó en otros, los cuales se refieren a riesgos particulares que no son factibles de agruparse por su atomización.

El funcionario subrayó que con el análisis cualitativo de los resultados de la fiscalización, se identificó que los principales factores que explican la ocurrencia de los riesgos en las funciones de Gobierno y Hacienda son las deficiencias en el sistema de control interno, con 75.6 por ciento; fallas en el diseño de la normatividad aplicable, 20 por ciento, y otros, con el 4.4 por ciento.

En materia de gasto, precisó que en ese año, el neto total presupuestario ejercido por el sector público ascendió a 4.56 billones de pesos, superior en 4.8 por ciento en términos reales a 2013. La ASF estima que 78.4 por ciento tiene naturaleza inercial e incremental, y su crecimiento es progresivo y sistemático en servicios personales, pensiones y jubilaciones, algunos subsidios, gastos de operación y costo financiero de la deuda.

La ASF también consideró que se ha avanzado en la implantación de un sistema de evaluación de los programas de gobierno. Sin embargo, no se ha logrado contar con una verdadera cultura de medición, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública enfrentan limitaciones técnicas para valorar trimestralmente el impacto social de los programas presupuestarios.

Esto, agregó, genera vulnerabilidades respecto a la consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño y el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Por ello, dijo, es necesario revisar el marco legal para definir una estrategia que permita evaluar las políticas públicas de la Administración Pública Federal.

Detalló que Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua concentraron el 31.2 por ciento de la deuda estatal con 159 mil 109.3 millones de pesos. Mientras que el saldo de la deuda municipal ascendió a 51 mil 314 millones de pesos; sobresalen 23 municipios de 2 mil 456 en total, que concentraron el 46.3 por ciento, entre ellos Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, León, Benito Juárez (Cancún), Mexicali, Zapopan y Nuevo Laredo.

La ASF analizó los Convenios de Concurrencia Financiera o pari passu en 26 entidades federativas, los cuales crecieron 15.2 por ciento en términos reales, respecto a 2013, con una tasa superior al incremento de 3.6 por ciento en las transferencias federales, por lo que estos convenios han contribuido al nivel de endeudamiento subnacional.

En este contexto, se vuelve fundamental la implementación efectiva de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para propiciar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda pública subnacional en el mediano y largo plazos.

Respecto al Sistema Nacional Penitenciario, sostuvo que los avances fueron incipientes, ya que el periodo 2007-2014, el número de instalaciones de reclusión disminuyó en 13 por ciento, al pasar de 445 a 387 centros estatales y federales.

El mayor problema de saturación se encontró en los centros estatales de reclusión, ya que su población penitenciaria rebasó la capacidad instalada en 58 mil 778 internos o reclusos, esto es, 34.2 por ciento, en 2014. Por otra parte, los centros federales no presentaron problemas de sobrepoblación: sus espacios disponibles aumentaron en 164 por ciento en promedio anual, al pasar de 2 mil 422 en 2007 a 6 mil 394 en 2014, detalló.

Por ello, dijo, es indispensable avanzar en la coordinación entre los tres niveles de gobierno para consolidar dicho sistema, e inclusive lograr que los programas de reinserción tengan un efecto positivo en las condiciones de seguridad pública.

El titular de la ASF consideró que se requiere de una nueva cultura de la legalidad, del orden y control, de integridad y ética en todos los servidores públicos.

Aseguró que el avance en el diseño del nuevo modelo anticorrupción, permitirá hacer del sistema de fiscalización una columna para conocer cómo se aplica el presupuesto, pero sigue limitada la ASF para las sanciones. Tan sólo en los últimos 4 años se han presentado cerca de 600 denuncias de hechos.

Sobre las acciones de recurrencia en la Cámara de Diputados, expresó que la ASF observa, comunica y señala las reflexiones y recomendaciones para mejorar esta situación, pero este órgano legislativo tiene sus propias reglas, “no podemos avanzar más, sino señalarlo con recomendaciones. Se ha avanzado en gastos de salud y del pago de boletos de avión. Depende de ustedes que se hagan transparentes sus gastos”.

A su vez, el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Alejandro Romero Gudiño, expresó que en los últimos 15 años, ha habido un notable crecimiento en los recursos financieros del Estado. En 2000, el gobierno dispuso de un presupuesto medido por el gasto neto de 1.3 millones de pesos y, para 2014, fue de 4.6 millones de pesos.

En una comparativa internacional, detalló, el gasto público de México medido como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), es muy reducido; en contraste, países como Noruega, Suecia Y Dinamarca, ejercen un gasto público que alcanza, respectivamente, 44, 51.8 y 56.3 por ciento de su PIB.

La reducida capacidad de gasto del Estado mexicano, impone limitaciones al pleno cumplimiento de las responsabilidades públicas en materia alimentaria, salud, vivienda, educación, infraestructura social, empleo, crecimiento de la actividad productiva y de la distribución de ingreso.

Puntualizó que la baja capacidad del gasto público está asociada a la baja capacidad de recaudatoria. “Mientras que en promedio los ingresos tributarios de los países de la OCDE alcanzaron el 34.4 por ciento del PIB en 2014, en México estos ingresos tributarios apenas significaron el 19.5 por ciento del PIB”.

De los ingresos públicos, expresó que los hallazgos de la fiscalización son relevantes porque permiten contar con diagnósticos precisos para resolver la baja recaudación fiscal. Se constató un beneficio de cobertura para el ciclo 2014-2015 de 6 mil 284 millones de dólares, ingresos que atenúan el choque petrolero adversos asociado con la baja en el precio de la mezcla mexicana de exportación.

Se verificó que, como resultado de la Reforma Hacendaria, se mejoró en 0.4 por ciento los ingresos del gobierno e identificó una importante reducción de los gastos fiscales, estimación de ingresos no recaudados por exenciones tributarias, al pasar del 4 por ciento del PIB en 2013 a sólo 2.9 por ciento.

La fiscalización indició rezagos importantes en materia de recaudación fiscal, para el periodo 2007-2012; el dato más actualizado de cálculo, la evasión fiscal, significó una cuarta parte del potencial fiscal total de la recaudación tributaria. Para 2012, la evasión fiscal representó 31.9 por ciento de la tributaria. La ASF detecto que las devoluciones tributarias en 2014, significaron el 13.8 por ciento de lo recaudado por impuestos.

Mencionó que el desempeño recaudatorio de 2014, pone a México en un lugar muy bajo entre los miembros de la OCDE, ya que la recaudación tributaria, sin incluir la no tributaria del país, representó el 19.5 por ciento del PIB, que contrasta con el de Dinamarca y Noruega. En materia de gasto público, se constataron deficiencias, lo cual enfrenta retos importantes, como rigidez.

Ricardo Miranda Burgos, director general de Análisis e Investigación Económica de la ASF, destacó que la deuda pública es sostenible y se encuentra cercana a los límites prudenciales que las mejores prácticas internacionales señalan, y uno de los factores que han impactado a este sector, es el déficit público.

El auditor Especial de Desempeño de la ASF, Roberto Salcedo Aquino, resaltó que cada vez el país tiene menos agua. En el 2000 había 14 mil metros cúbicos por habitante; sin embargo, el deterioro de la calidad y cantidad era acelerado, y esa situación hizo que el tema fuera de seguridad nacional, y ahora, en el 2016, se tienen 3 mil 600 metros cúbicos por habitante, abajo de los 5 mil que es el estándar.

Agregó que sólo el 47 por ciento de las aguas se reúsan, toda las demás van a contaminar los cuerpos. Además, se desconoce cuánta agua sacan los permisionarios; únicamente el 2 por ciento de ellos pagan el vital líquido.

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