Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial aprobó reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.
No. 1144
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, presidida por el diputado Raúl Domínguez Rex (PRI), aprobó modificar la fracción VIII del artículo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, mediante lo cual define el concepto de “Desarrollo Urbano Sustentable”.
Este tipo de desarrollo lo considera como el proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea.
La propuesta fue presentada por el diputado del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, en virtud de la considerable afectación al medio ambiente que ha transformado drásticamente el paisaje de las ciudades, por el acelerado crecimiento urbano a través de los años, alentado por la búsqueda de estabilidad laboral, seguridad alimentaria, educación y mejores condiciones de vida.
Pese a los esfuerzos para lograr el equilibrio entre las variables de población, recursos económicos y medio ambiente, el aumento poblacional ha impactado negativamente el uso del suelo, provocando importantes efectos ambientales.
El resultado es el declive en la vitalidad de los espacios urbanos, los estándares de calidad de vida, por lo que ocupa un lugar preponderante la preocupación por la protección y preservación del medio ambiente, por el exceso de ruido, basura y falta de áreas verdes.
En México, más de 81 millones de personas -72 por ciento del total de población-, residen en sólo 384 ciudades que albergan a más de 15 mil habitantes, las cuales conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN), lo cual muestra una desviación entre las cifras del crecimiento demográfico que se duplicaron y la expansión de las manchas urbanas que se multiplicaron.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2011 el proceso de urbanización se registró en primera instancia en las 59 zonas metropolitanas, donde habitan 65 millones de habitantes y se genera el 74 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); se estima que para el 2030 su población alcanzará los 78 millones de personas. En los últimos 60 años el número de personas que vivían en zonas urbanas pasó del 43 al 78 por ciento del total.
Por otra parte, los integrantes de la instancia legislativa aprobaron la opinión respecto al Informe de la Cuenta Pública 2014 emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual se remitirá a la Comisión de Vigilancia de la ASF.
En el documento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) mejorar sus actividades, porque cumplió parcialmente en el 2014 con las disposiciones normativas y objetivos de la Contraloría Social.
Destacó la necesidad de que la dependencia federal “incorpore en las actividades cotidianas de sus unidades administrativas las áreas de mejora que destaca la ASF, a fin de modernizar la ejecución y cumplimiento de los programas de la Administración Pública Federal”.
Refirió la importancia de que todos los programas clasificados como de desarrollo social que maneja la SEDATU sean revisados; además, evalúe las guías operativas porque algunas consideraciones contravienen la normativa establecida para su funcionamiento.
Asimismo, no se dispuso de una metodología de capacitación y asesoría; en siete entidades no hubo evidencia de difusión del material a los comités, y 49 comités de Contraloría Social no entregaron las cédulas de vigilancia ni los informes anuales que debieron proporcionar.
— ooOoo –Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.
No. 1144
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial aprobó reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, presidida por el diputado Raúl Domínguez Rex (PRI), aprobó modificar la fracción VIII del artículo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, mediante lo cual define el concepto de “Desarrollo Urbano Sustentable”.
Este tipo de desarrollo lo considera como el proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea.
La propuesta fue presentada por el diputado del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, en virtud de la considerable afectación al medio ambiente que ha transformado drásticamente el paisaje de las ciudades, por el acelerado crecimiento urbano a través de los años, alentado por la búsqueda de estabilidad laboral, seguridad alimentaria, educación y mejores condiciones de vida.
Pese a los esfuerzos para lograr el equilibrio entre las variables de población, recursos económicos y medio ambiente, el aumento poblacional ha impactado negativamente el uso del suelo, provocando importantes efectos ambientales.
El resultado es el declive en la vitalidad de los espacios urbanos, los estándares de calidad de vida, por lo que ocupa un lugar preponderante la preocupación por la protección y preservación del medio ambiente, por el exceso de ruido, basura y falta de áreas verdes.
En México, más de 81 millones de personas -72 por ciento del total de población-, residen en sólo 384 ciudades que albergan a más de 15 mil habitantes, las cuales conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN), lo cual muestra una desviación entre las cifras del crecimiento demográfico que se duplicaron y la expansión de las manchas urbanas que se multiplicaron.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2011 el proceso de urbanización se registró en primera instancia en las 59 zonas metropolitanas, donde habitan 65 millones de habitantes y se genera el 74 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); se estima que para el 2030 su población alcanzará los 78 millones de personas. En los últimos 60 años el número de personas que vivían en zonas urbanas pasó del 43 al 78 por ciento del total.
Por otra parte, los integrantes de la instancia legislativa aprobaron la opinión respecto al Informe de la Cuenta Pública 2014 emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual se remitirá a la Comisión de Vigilancia de la ASF.
En el documento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) mejorar sus actividades, porque cumplió parcialmente en el 2014 con las disposiciones normativas y objetivos de la Contraloría Social.
Destacó la necesidad de que la dependencia federal “incorpore en las actividades cotidianas de sus unidades administrativas las áreas de mejora que destaca la ASF, a fin de modernizar la ejecución y cumplimiento de los programas de la Administración Pública Federal”.
Refirió la importancia de que todos los programas clasificados como de desarrollo social que maneja la SEDATU sean revisados; además, evalúe las guías operativas porque algunas consideraciones contravienen la normativa establecida para su funcionamiento.
Asimismo, no se dispuso de una metodología de capacitación y asesoría; en siete entidades no hubo evidencia de difusión del material a los comités, y 49 comités de Contraloría Social no entregaron las cédulas de vigilancia ni los informes anuales que debieron proporcionar.
— ooOoo –Ciudad de México, a 15 de marzo de 2016.
No. 1144
Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial aprobó reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, presidida por el diputado Raúl Domínguez Rex (PRI), aprobó modificar la fracción VIII del artículo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, mediante lo cual define el concepto de “Desarrollo Urbano Sustentable”.
Este tipo de desarrollo lo considera como el proceso de planeación y regulación que permitan satisfacer las necesidades básicas de los centros de población: alimentación, salud, educación, trabajo, cultura y vivienda en un ambiente armónico, en el que se respeten los derechos humanos de las personas con estricta observancia a la preservación del medio natural que los rodea.
La propuesta fue presentada por el diputado del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, en virtud de la considerable afectación al medio ambiente que ha transformado drásticamente el paisaje de las ciudades, por el acelerado crecimiento urbano a través de los años, alentado por la búsqueda de estabilidad laboral, seguridad alimentaria, educación y mejores condiciones de vida.
Pese a los esfuerzos para lograr el equilibrio entre las variables de población, recursos económicos y medio ambiente, el aumento poblacional ha impactado negativamente el uso del suelo, provocando importantes efectos ambientales.
El resultado es el declive en la vitalidad de los espacios urbanos, los estándares de calidad de vida, por lo que ocupa un lugar preponderante la preocupación por la protección y preservación del medio ambiente, por el exceso de ruido, basura y falta de áreas verdes.
En México, más de 81 millones de personas -72 por ciento del total de población-, residen en sólo 384 ciudades que albergan a más de 15 mil habitantes, las cuales conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN), lo cual muestra una desviación entre las cifras del crecimiento demográfico que se duplicaron y la expansión de las manchas urbanas que se multiplicaron.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2011 el proceso de urbanización se registró en primera instancia en las 59 zonas metropolitanas, donde habitan 65 millones de habitantes y se genera el 74 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); se estima que para el 2030 su población alcanzará los 78 millones de personas. En los últimos 60 años el número de personas que vivían en zonas urbanas pasó del 43 al 78 por ciento del total.
Por otra parte, los integrantes de la instancia legislativa aprobaron la opinión respecto al Informe de la Cuenta Pública 2014 emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual se remitirá a la Comisión de Vigilancia de la ASF.
En el documento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) mejorar sus actividades, porque cumplió parcialmente en el 2014 con las disposiciones normativas y objetivos de la Contraloría Social.
Destacó la necesidad de que la dependencia federal “incorpore en las actividades cotidianas de sus unidades administrativas las áreas de mejora que destaca la ASF, a fin de modernizar la ejecución y cumplimiento de los programas de la Administración Pública Federal”.
Refirió la importancia de que todos los programas clasificados como de desarrollo social que maneja la SEDATU sean revisados; además, evalúe las guías operativas porque algunas consideraciones contravienen la normativa establecida para su funcionamiento.
Asimismo, no se dispuso de una metodología de capacitación y asesoría; en siete entidades no hubo evidencia de difusión del material a los comités, y 49 comités de Contraloría Social no entregaron las cédulas de vigilancia ni los informes anuales que debieron proporcionar.
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