Tintero
Por Francisco Pucheta González
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría General de la República, asestaron un duro golpe al congreso del estado de Tamaulipas y exhibieron la ineptitud de sus integrantes al dejar sin efecto la tipificación de un delito contra los ciudadanos por poseer clavos o pedazos de varillas en el interior de sus vehículos o de sus casas.
En el año 2014 la Cámara de Diputados del congreso local legisló la Ley Penal del Artículo 171 Quater Fracción I, II, III y IV y su aplicación contra los ciudadanos por las causas antes mencionadas.
Argumentando que la posesión de tales materiales implicaba delitos contra la seguridad de la comunidad, los diputados votaron a favor de la iniciativa que los altos tribunales consideran inaceptable, descabellado porque en su esencia constituye un atropello y una violación para las garantías individuales.
Según la visión torcida de los legisladores tamaulipecos un ciudadano atenta contra la seguridad de una comunidad cuando posea en su vehículo o cualquier otro lugar objetos hechos con clavos o varillas en forma de punta.
Pero ¿qué fue lo que pasó con estúpida ley que fue votada por los congresistas tamaulipecos: sencillamente fue rebotada por los altos tribunales de justicia del país por considerarla un gazapo del congreso al criminalizar a las personas por el simple hecho de poseer en el trabajo o en sus domicilios objetos con clavos o varillas.
Hay casos como el de los herreros que pueden ser enviados a la cárcel por el simple hecho de fabricar objetos con varilla, a base instrumentos o con alambrón.
Sin embargo la Procuraduría General de la República promovió una acción de anticonstitucionalidad ante Suprema Corte de Justicia de la Nación la que fue registrada con el número 95/2014 y revolvió en Julio.
La Corte declara la invalidez del Artículo 171-Fracción I del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, a través del decreto (LXII-256) publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas el 9 de junio de 2014.
Con la controversia Constitucional se declara sin efecto la aplicación de dicho delito para los tamaulipecos o cualquier ciudadano que transitara por esta entidad federativa.
Los abogados penalistas pusieron el dedo en la llaga al denunciar que se estaban violentando los derechos humanos de las personas, máxime cuando las fuerzas de seguridad pública (Policía Federal, PolicÍa Estatal Acreditable, Fuerza Tamaulipas, la Marina y la Sedena), ejercieron detenciones sin ton ni son contra supuestos infractores de la ley, por los motivos ya enunciados.
Aducen que a principios del mes de julio elementos de Fuerza Tamaulipas detuvieron y consignaron al Ministerio Público y ésta al jueza penal, a una persona por encontrarle unos clavos en su unidad motorizada.
A la fecha dicha persona sigue privada de su libertad sin que la justicia logre alcanzarla.
El pasado 4 de julio se promovió un amparo mediante el cual el su abogado se quejó sobre la inconstitucionalidad de esa ley, emitida por los diputados.
Hoy el juez cuarto de distrito del estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo resolvió sobre la inconstitucionalidad de esa ley.
Con ello se evidencia el mal trabajo de los diputados quienes carecen del mínimo conocimiento para legislar en materia legal, sean diputados del PAN, del PRI o del partido que quiera la gente.
Hay diputados que son buenos para hacer bísquets con mantequilla y otros como Enrique Rivas Cuéllar que se dedicaba a cobrar cuentas de Nextel, antes de llegar a la legislatura.
