El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) todavía no se recupera del impacto a sus finanzas por el bono de marcha que repartieron sus siete exconsejeros y ya tiene otro conflicto en puerta.
Se trata de otro bono. Uno que pelean directores de área “por carga laboral”, durante el proceso electoral del 2012, que ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Nuevamente es un asunto que el actual Consejo General del IEDF heredó de sus antecesores y que hoy amenaza con generar más gastos extraordinarios a la institución.
Reporte Indigo dio a conocer en su edición del 21 de enero de este año que los entonces consejeros Gustavo Anzaldo, Ángel Díaz, Yolanda León, Carla Humphrey, Fernando Díaz, Néstor Vargas y Claudia Zavala se adjudicaron una partida especial por sus años de servicio.
Si bien no incurrieron en ninguna falta administrativa –por lagunas jurídicas– el hecho fue éticamente reprobable ya que en total se repartieron casi 20 millones de pesos unos días antes de dejar su cargo.
El problema principal radica en que los nuevos consejeros tuvieron que realizar un ajuste al proyecto presupuestal de este año y que sus antecesores no tuvieron ninguna sanción por el saqueo a la institución.
Además, se negaron a negociar un pago de carga laboral con sus directores de área, quienes exigieron los mismos beneficios que recibió el personal de estructura en el proceso electoral, y ante la negativa se fueron a juicio.
La compensación que piden hace la función de horas extras durante los meses que comprendieron los preparativos y la celebración de la jornada electoral del 2012.
Las señales de alerta se prendieron en el IEDF luego de que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal concediera la razón a los funcionarios denunciantes.
De este modo se abrió la posibilidad de que el nuevo consejero electoral se vea obligado a entregar el bono a todos los directores de área.
Como respuesta, la institución, junto con el Gobierno de la ciudad, emprendieron la defensa legal para tratar de contrarrestar el mandato que los obliga a pagar dicho bono.
La pugna
De acuerdo a la normatividad interna del IEDF, los funcionarios tuvieron carga laboral durante el proceso electoral del año pasado, donde se renovaron 40 diputaciones locales, 16 jefaturas delegacionales y la jefatura de Gobierno.
Así lo estipuló el árbitro de la contienda mediante la circular SA-002, donde se fijaron los montos a recibir por cada trabajador que participaría en la logística de los comicios del 2012.
El artículo 122 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal señala que todos los empleados, a excepción de consejeros, directores ejecutivos, de área y jefes de unidad quedaron excluidos de ese pago.
Para seis funcionarios, incluida la actual presidenta del IEDF, Diana Talavera, quien ese entonces trabajaba como titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, se trataba de una injusticia.
Y ante la negativa de los consejeros anteriores, de otorgarles el bono de “carga laboral” optaron por promover un juicio de amparo contra el artículo 122 antes mencionado.
Mediante las quejas IEDF/SA/871/2012; IEDF/SA/877/2012; IEDF/SA/872/2012; IEDF/SA/876/2012; IEDF/SA/870/2012; IEDF/SA/878/2012 y IEDF/SA/875/2012.
Impugnaron la resolución en abril del año pasado.
A finales de noviembre del 2012, el grupo de quejosos perdió un integrante: Diana Talavera, quien en la víspera de ser nombrada consejera electoral tomó la decisión de desistirse del bono.
Así lo notificó al Juzgado Sexto de Distrito, quien recientemente falló a favor de los directores de área –que piden un trato similar al del personal de estructura y la invalidez del artículo 122– poniendo en jaque las finanzas de la institución.
Y es que si bien el amparo tiene fines solo para los quejosos, abre la puerta para que el resto de los funcionarios de mandos medios hacia arriba puedan promover más juicios en el mismo sentido.
Las estimaciones del IEDF señalan que el pago podría representar más de 10 millones de pesos si llega a trascender, por lo que el IEDF, que encabeza Diana Talavera impugnó la resolución del tribunal.
Para defender la constitucionalidad del tema, también el Gobierno del Distrito Federal presentó sus alegatos y ahora será la SCJN quien dicte el veredicto final a finales de año o principios del próximo.
La exoneración
En el IEDF el sueldo de los mandos medios hacia arriba son por demás generosos, según datos oficiales de la página http://goo.gl/h2AFY3, donde se pueden encontrar el siguiente desglose:
1.- Un director de área gana desde 53 mil 788 pesos mensuales.
2.- Un titular de Unidad Técnica percibe 12 mil 478 pesos mensuales.
3.- Un director Ejecutivo gana 131 mil 193 pesos mensuales.
4.- Un consejero electoral percibe 170 mil 855 pesos mensuales.
Aún así, los exconsejeros se otorgaron un bono de marcha, con el cual concluyeron sus labores dentro del instituto electoral capitalino.
Desde enero pasado, esta casa editorial publicó que no tendrían ninguna sanción legal por dicho dispendio.
Y así fue. El lunes pasado el diputado local, Eduardo Santillán, dio a conocer un informe de la Contraloría Interna del IEDF donde exoneró de cualquier responsabilidad a los exconsejeros.
De acuerdo con la resolución se descarta que hayan cometido alguna irregularidad al asignarse la cantidad de dinero mencionada, pues los servidores que integraron e integran la Junta Administrativa del IEDF actuaron conforme con lo dispuesto en los artículos 21 y 64 del Código de Procedimientos e Instituciones Electorales del Distrito Federal.
“Las acciones investigadas no presumen la existencia de conducta que pudiera constituir alguna presunta irregularidad administrativa que motive la apertura de algún procedimiento administrativo disciplinario o de responsabilidad”, se indica.
El punto central es que el contralor que realizó la investigación es parte del grupo de trabajo que autorizó el pago de los exservidores públicos.
Lo que ahora está en juego es si los directores de área que perciben un suelto alto tienen o no derecho a recibir su bono de “carga laboral”, o si la presidenta del IEDF defiende los intereses que en ese momento le convienen.
