ERIC PACHECO
DESTACADO
QUERÉTARO, Qro. (apro).- Originario de Jalisco, Eduardo Rodríguez Zaragoza, de 40 años, falleció el pasado 26 de febrero en el penal de esta ciudad, debido a un cáncer que las autoridades penitenciarias le trataban con enjuague bucal.
Su historia está ligada a la de otros 29 presos jaliscienses procesados en Querétaro, acusados todos de disparar la misma arma que le quitó la vida al ejidatario Heriberto Salinas Galván, lo que sus familiares han insistido, es materialmente imposible.
El caso de Eduardo es el más lamentable de todos, debido a que en noviembre le fue detectada una lesión en el paladar, misma que en el Centro de Reinserción Social (Cereso) le trataban con enjuague bucal y finalmente resultó ser un cáncer que le causó la muerte.
Precisamente ante el deterioro de su salud y la indiferencia de las autoridades para trasladarlo a un hospital, su madre, Eustolia Zaragoza Bernardo, presentó el 24 de enero pasado, una queja en la Defensoría de los Derechos Humanos (DDH).
“Sentimos mucho coraje porque (las autoridades de Querétaro) nunca hicieron nada por él, les pedimos ayuda para que lo dejaran en libertad; les pedíamos que lo curaran, no hicieron caso”, lamentó su hermana Juana.
El propio titular de la Defensoría de Derechos Humanos, Miguel Nava Alvarado, dijo que Eduardo le confirmó que en el Cereso de San José El Alto lo atendían con enjuagues bucales, reportó el semanario local Libertad de Palabra en su edición de esta semana.
“Esto le vino a él en noviembre, yo estuve con él en el Hospital General, y él me dice que más o menos en noviembre se le encontró un orificio en el paladar, se empezó a sentir mal, y le dieron enjuagues bucales y varias cosas para otro tipo de infección” relató Nava.
Y es que tras la queja de la señora Eustolia, el personal de la Defensoría de los Derechos Humanos acudió a visitar a Eduardo Rodríguez la madrugada del 25 de enero y solicitó la intervención de un médico, mismo que les fue negado por la Secretaría de Salud.
“Ese mismo día ingresamos al penal, la Secretaría de Salud no quiso proporcionar un médico porque decía que no tenía. Se me hace increíble que el Sistema de Salud no tenga”, señaló el defensor de los derechos humanos.
La Defensoría de Derechos Humanos logró la intervención de un médico por parte de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, quien no consideró necesario trasladar a Eduardo a un hospital al exponer que ya “se le estaba brindando el tratamiento”.
Sin embargo, dijo Miguel Nava, ante la gravedad optaron por una segunda opinión.
“Nos quedamos con la duda yo y el médico de la Defensoría. El mismo lunes fuimos, nos dimos cuenta, él dijo, ‘esto es un cáncer’, emitimos la medida cautelar y se logró sacar (a Eduardo) esa misma semana del penal al hospital, donde permaneció hasta que murió”, relató.
Nava aclaró que antes de ser trasladado a un hospital, Eduardo permanecía en la enfermería, pero aclaró que para el padecimiento que tenía, ésta era insuficiente en medicamentos e infraestructura.
“No (fue oportuna la atención médica), al parecer no, porque él ya tenía el padecimiento y lo minimizaron por la falta de un médico, un oncólogo, alguien que le diera seguimiento porque la queja fue precisamente por ello. La familia al venirlo a visitar se da cuenta de sus condiciones de salud”, comentó.
Después de la queja, el 24 de enero, Eduardo ingresó al Hospital General de Querétaro a finales de ese mes y murió un mes después, el 26 de febrero, debido a “lo agresivo del cáncer”.
De acuerdo con un escueto comunicado de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, que encabeza Jorge López Portillo Tostado, Eduardo sí recibió, en todo momento, atención y vigilancia del personal médico.
Incluso afirmó que el trasladado de Eduardo al Hospital General, el 29 de enero ocurrió después de que fue llevado con un especialista que diagnosticó probable cáncer.
“El 29 de enero del presente año el juez de la causa, ordenó su traslado al Hospital General y durante su estancia se informó que el paciente presentaba un linfoma con mal pronóstico por lo que recibió tratamientos de quimioterapia”, sostuvo la Secretaría de Gobierno.
Los presos de Jalisco
El fallecimiento de Eduardo indignó todavía más a familiares de los 29 jaliscienses procesados en Querétaro, quienes fueron traídos a esta entidad, contratados de manera improvisada como elementos de seguridad para resguardar la barda de un predio en conflicto.
Según familiares de los presos, en su mayoría albañiles y gente de escasos recursos, los ahora reclusos ni siquiera sabían disparar un arma, pese a que todos dieron positivo en las pruebas que les practicaron en la Procuraduría de Querétaro.
Explicaron que fueron reclutados en la empresa Primero Protección SA de CV, en Jalisco, contratada a su vez por empresarios para que trabajaran durante un mes por seis mil pesos resguardando una barda en el ejido La Laborcilla, municipio de El Marqués.
El ejidatario de La Laborcilla, Trinidad Salinas Muñoz, padre de Heriberto, quien fue muerto en el conflicto el 11 de junio de 2013, expuso que los guardias de seguridad que habitualmente cuidaban los predios en disputa fueron sustituidos aquel día por los de Jalisco.
Según Salinas Muñoz, los autores intelectuales de la muerte de su hijo, Heriberto Salinas Galván, son los empresarios Leaño de Jalisco, los mismos que –afirmó– querían matarlo a él.
Tanto familiares de los 29 “guardias de seguridad” de la empresa Primero Protección SA de CV, como los ejidatarios han solicitado que la autoridad proceda contra los empresarios involucrados, sin que hasta ahora eso ocurra.
El año pasado, en una carta dirigida al gobernador José Eduardo Calzada Rovirosa, los familiares de los presos de Jalisco le pidieron no ensañarse con la gente de escasos recursos que nada tenía que ver con el problema, y mejor indaguen a los empresarios involucrados.
“Que se cite a declarar a dichos empresarios y también se proceda conforme a la Ley en contra de los empresarios de la empresa PRIMERO PROTECCIÓN SA DE CV que contrataron a gente inexperta, sin las medidas que ameritaba un conflicto como el de La Laborcilla, y los expusieron en un lugar donde además se les incriminó con facilidad en un crimen que no cometieron”, le solicitaron.
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