MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La justicia federal dictó auto de formal prisión en contra de siete elementos del Ejército por sus distintos grados de responsabilidad en la ejecución sumaria de al menos ocho presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, el pasado 30 de junio.
Debido a que están detenidos en la prisión del Campo Militar Número 1, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, Eduardo Torres Carrillo, fue el encargado de definir la situación jurídica de los militares, a pesar de que el caso se sigue en el Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de México, donde se cometió el delito.
Dentro de la causa penal 81/2004, los siete militares fueron declarados formalmente presos en distintos grados de responsabilidad en los hechos que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fueron 15 y no ocho los civiles asesinados de forma sumaria por los integrantes del 102 Batallón de Infantería, destacado en el Estado de México.
En los hechos en los que un total de 22 personas murieron, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández Leónides fueron declarados presos por su probable responsabilidad del delito de abuso de autoridad.
Señalados como quienes dispararon cuando los civiles ya estaban desarmados, también están acusados de homicidio calificado. Además, de alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, además de los tres soldados ya señalados, están encausados como probables responsables de ejercicio indebido de servicio público.
El comandante de la patrulla militar que actuó en Tlatlaya, Ezequiel Rodríguez, es señalado también como probable responsable de encubrimiento, “en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito”.
La formal prisión ocurrió a unas horas de que la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptara con reservas la recomendación de la CNDH sobre los hechos de Tlatlaya.
“Aun cuando esta dependencia no comparte algunos de los señalamientos contenidos en dicha recomendación, ha tomado la determinación de aceptarla (recomendación) por el especial interés de coadyuvar a esclarecer los hechos y en el caso de que algún militar haya incurrido en conductas contrarias a la ley, a las virtudes militares y a nuestra vocación de servicio, sea sancionado conforme a derecho”, expresó la Sedena en un comunicado difundido la noche del jueves.
