CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum planteó elevar a rango constitucional la prohibición de privatizar la operación de los servicios de agua potable, al señalar que su administración busca garantizar que permanezcan bajo control público.
Durante la conferencia mañanera, explicó que las concesiones para operar estos servicios corresponden a estados y municipios, y sostuvo que las reformas a la legislación hídrica buscan frenar el acaparamiento y la mercantilización de los derechos de agua.
“En ese caso hay que garantizar lo público”, afirmó la Mandataria, al cuestionar los esquemas de participación privada en la operación de los sistemas de abastecimiento.
El planteamiento ocurre tras las diferencias con el Gobierno de Jalisco por el proyecto del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, que inicialmente contemplaba financiamiento privado mediante un esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación.
Un día antes, Sheinbaum y el gobernador Pablo Lemus acordaron financiar las obras con recursos federales y estatales, sin privatizar el servicio ni contratar deuda. La Federación aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos, mientras que el Gobierno de Jalisco prevé invertir entre 10 mil y 12 mil millones en infraestructura de saneamiento y potabilización.
La propuesta original de financiamiento privado permanece en el Congreso estatal, mientras ambos gobiernos trabajan con la Comisión Nacional del Agua en la definición técnica y presupuestal de las obras.
