Si el agua para consumo humano estaba garantizada en el río Bravo, ¿por qué miles de familias de Reynosa se quedaron sin servicio después de cuatro administraciones que aseguran haber invertido grandes cantidades en infraestructura hidráulica?
Especial. Por Isaias Alvarez
Carlos Peña atribuyó la crisis a CONAGUA; Raúl Quiroga cuestionó la operación del organismo municipal
Durante muchos días de julio, habitantes de distintas colonias de Reynosa abrieron las llaves de sus casas y no encontraron agua. En algunos sectores apenas hubo baja presión; en otros, el servicio desapareció por completo. La respuesta del gobierno municipal llegó en forma de pipas, recorridos por colonias y un reclamo público del alcalde Carlos Peña Ortiz a la Comisión Nacional del Agua.
“De donde sea, pero manden agua a Reynosa”, exigió el presidente municipal el 10 de julio, al asegurar que la Conagua no estaba enviando el volumen que correspondía a la ciudad desde las presas Falcón o Marte R. Gómez. Según su versión, la falta de caudal en el río Bravo había impedido que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa captara y distribuyera suficiente agua a las familias.
Horas después, el Ayuntamiento informó que las compuertas de la presa Falcón serían abiertas durante 48 horas, para abastecer las ciudades fronterizas. La administración municipal presentó la medida como resultado de las gestiones realizadas por Peña Ortiz ante la Conagua y la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Pero tres días más tarde, el Gobierno de Tamaulipas ofreció una explicación distinta
El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, aseguró que el agua para consumo humano en los diez municipios de la frontera nunca estuvo en riesgo. En entrevista, Quiroga Álvarez menciono que, de acuerdo con la información oficial de la Conagua y la CILA, las extracciones de las presas internacionales estaban programadas desde el inicio del año hidráulico y existía volumen suficiente para garantizar el abastecimiento urbano.
El titular de la SRHT reconoció que el río Bravo había registrado niveles bajos, pero negó que esa condición hubiera provocado una escasez capaz de dejar sin suministro a Reynosa. Como argumento, señaló que Matamoros, ubicado al final de la cuenca y más de cien kilómetros aguas abajo, mantuvo el servicio. Tampoco la Ciudad de Río Bravo habría enfrentado una falta de agua en la fuente de abastecimiento.
La diferencia entre ambas versiones es considerable.
Mientras el alcalde sostiene que Conagua dejó de mandar el agua programada, el secretario estatal afirma que el recurso siempre estuvo disponible y que, si no llegó a las viviendas, la explicación tendría que buscarse dentro de la operación del organismo encargado de captarlo, potabilizarlo y distribuirlo.
Ese organismo es la COMAPA de Reynosa. Y Carlos Peña Ortiz, el mismo alcalde que reclamó públicamente a la Federación por la falta de agua, preside también su Consejo de Administración. La crisis abrió así un serio cuestionamiento: ¿faltó agua en el río Bravo o falló Reynosa en llevarla hasta las casas?
El alcalde que reclama el agua también encabeza la COMAPA
La explicación de Carlos Peña Ortiz coloca el origen del desabasto fuera de Reynosa: en la supuesta falta de caudal enviado por las autoridades federales. Sin embargo, el presidente municipal no es un actor ajeno al organismo encargado de transformar el agua disponible en el río Bravo en un servicio continuo para los hogares. Peña Ortiz preside el Consejo de Administración de la COMAPA de Reynosa, instancia responsable de dirigir, supervisar y aprobar las decisiones estratégicas del organismo operador.
Esa condición cobra relevancia después de las declaraciones del secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez. La comparación deja una pregunta inevitable: si el caudal alcanzó para ciudades más alejadas de la presa Falcón, ¿qué ocurrió dentro del sistema hidráulico de Reynosa?
El cuestionamiento adquiere mayor peso por la continuidad del mismo grupo político al frente del municipio. Maki Ortiz gobernó Reynosa durante los periodos 2016-2018 y 2018-2021. Su hijo, Carlos Peña Ortiz, asumió la alcaldía en 2021, fue reelegido para el periodo 2024-2027 y encabeza la cuarta administración consecutiva del grupo familiar.
Durante esos gobiernos, los informes municipales han presentado la inversión hidráulica como una de sus principales apuestas. En su primer trienio, Maki Ortiz aseguró haber destinado casi 400 millones de pesos a drenaje y agua potable. Para 2019, el programa municipal contempló al menos 118.4 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje pluvial, drenaje sanitario y estaciones de bombeo de aguas residuales. En 2020 se localizaron otros 82.5 millones en obras de agua y en la rehabilitación de la planta Pastor Lozano, mientras que en 2021 se agregaron 25.4 millones mediante PROAGUA para once acciones de drenaje sanitario. Al concluir su gestión, el Ayuntamiento afirmó que en cinco años se habían invertido más de 780 millones de pesos en infraestructura hidráulica y ejecutado 288 obras.
La administración de Carlos Peña elevó todavía más las cifras. En su Tercer Informe de Gobierno, el Ayuntamiento reportó más de 1,221 millones de pesos destinados a mejorar los sistemas de agua potable y drenaje, además de más de 211 millones en infraestructura hidráulica. Entre las obras identificadas se encuentran la rehabilitación de la estación de bombeo de aguas residuales EBAR 25, con 30 millones de pesos; una línea de conducción sobre el canal Rodhe, por 4.1 millones; y las primeras tres etapas del vaso regulador rompepicos El Águila, cuyos contratos localizados suman más de 200 millones de pesos. Los montos de la primera etapa aparecen en el Programa Anual de Obra Pública de 2023; los de la segunda, en el informe físico-financiero de FORTAMUN 2024; y los de la tercera, en el reporte de FORTAMUN 2025.
Las cifras no pueden sumarse de manera automática, porque proceden de informes políticos, programas anuales, fondos distintos y contratos específicos. Tampoco demuestran por sí mismas que todo el dinero haya sido ejercido correctamente o que cada obra se encuentre funcionando. Sí permiten establecer que, durante casi una década, el Ayuntamiento ha anunciado cientos de millones de pesos —y posteriormente más de mil millones— en agua, drenaje e infraestructura hidráulica.
Después de cuatro administraciones consecutivas, el debate ya no puede limitarse a determinar quién abrió o dejó de abrir las compuertas de una presa. También debe establecerse si la COMAPA construyó una red técnica, financiera y operativamente sostenible; si las obras anunciadas aumentaron realmente la capacidad de captación y distribución; cuánto pierde el sistema mediante fugas; qué equipos fallaron durante la crisis, y por qué una ciudad que presume inversiones históricas continúa dependiendo de pipas cuando disminuye la presión.
El agua también toma ruta política
Cuando Raúl Quiroga fue cuestionado sobre si la crisis de Reynosa podía tener un trasfondo político, el secretario de Recursos Hidráulicos evitó entrar en la disputa. “La política se la dejo a los políticos”, respondió, antes de insistir en que sus afirmaciones estaban respaldadas por datos técnicos verificables.
Pero mientras el funcionario estatal intentaba mantener la discusión en el terreno hidráulico, el Ayuntamiento de Reynosa convirtió la respuesta al desabasto en una operación con rostro, nombre y presencia territorial.
El boletín municipal del 11 de julio informó que José Antonio Chávez Herrera, secretario de Servicios Públicos, fue enviado por instrucciones del alcalde Carlos Peña Ortiz a distribuir agua mediante pipas en las colonias afectadas. No fue presentado solamente como el responsable administrativo de coordinar vehículos y rutas: apareció como el funcionario encargado de atender directamente a la población, recibir reportes y llevar el auxilio a sectores específicos de la ciudad.
Chávez Herrera ocupa una posición estratégica dentro del gobierno municipal. Servicios Públicos es una de las áreas con mayor contacto cotidiano con las colonias, pues concentra demandas relacionadas con limpieza, alumbrado, recolección, mantenimiento urbano y atención comunitaria. Durante una crisis de agua, ese cargo adquiere todavía más visibilidad: quien encabeza el reparto no entrega un servicio secundario, sino un recurso indispensable para beber, cocinar, asearse y mantener un hogar.
El operativo incluyó colonias como Puerta del Sol, Puerta Grande, Ampliación Puerta Sur, Bugambilias, San Valentín, Arcoíris, Almaguer, Benito Juárez, Balcones de Alcalá, Loma Real, Antonio J. Bermúdez, Unidos Podemos, Aeropuerto, Brecha E 99, Vientos de Cambio, Ampliación Rosalinda Guerrero, Ampliación Rodríguez, Hacienda las Bugambilias, Santa María y el Parque Industrial Villa Florida.
Varias de ellas forman parte de sectores densamente poblados y con un peso relevante en la votación municipal, por lo que cualquier despliegue territorial en esas zonas tiene también un valor político. El Ayuntamiento difundió, además, un número telefónico de Servicios Públicos para que los habitantes solicitaran directamente el envío de agua.
En términos administrativos, el reparto puede explicarse como una medida de emergencia. En términos políticos, sin embargo, coloca convenientemente a Chávez Herrera en contacto directo con miles de familias en un momento de necesidad y lo presenta como el funcionario que aparece cuando la red pública deja de responder.
Ese detalle cobra relevancia ante las versiones que lo ubican como una de las figuras consideradas para prolongar la continuidad del grupo político que gobierna Reynosa desde 2016. Hasta ahora no existe una candidatura formal que permita presentarlo como aspirante confirmado; pero su exposición en territorio, desde una de las secretarías más cercanas a las colonias, convierte cada operativo público en una plataforma potencial de posicionamiento.
No sería la primera vez que una administración utiliza la prestación de servicios para fortalecer la presencia de un funcionario. La diferencia, en este caso, es la naturaleza del recurso entregado. El agua no es un apoyo discrecional ni una concesión personal: es un servicio público y un derecho cuya garantía corresponde a las instituciones.
Por eso, la pregunta no es si el municipio debía enviar pipas, debía hacerlo ante la falta de suministro. La pregunta es por qué el operativo fue comunicado alrededor de la figura de Chávez Herrera, qué criterios se utilizaron para seleccionar las colonias y si hubo otros sectores que solicitaron agua, pero no fueron incorporados a las rutas.
También falta conocer cuántas pipas participaron, quiénes son sus propietarios, cuánto costó el servicio, qué proveedores fueron contratados, cuántos litros se entregaron y con qué recursos se pagaron los recorridos. El boletín municipal no aclaró si las unidades pertenecen al Ayuntamiento, a la COMAPA o a empresas particulares.
Sin esos datos, el reparto conserva dos lecturas posibles. La primera es la de un gobierno que reaccionó ante una contingencia y envió agua a las familias afectadas. La segunda es la de una operación territorial que, además de atender una necesidad, permitió proyectar a un funcionario cercano al grupo gobernante justamente en sectores que concentran población y una parte importante de la votación de Reynosa.
Para distinguir una de otra no bastan las fotografías ni los discursos. Se requieren contratos, bitácoras de recorrido, volúmenes entregados, criterios de selección y un cruce preciso entre las colonias atendidas y las secciones electorales.
Quiroga dejó la política a los políticos. El problema es que, en Reynosa, el agua comenzó a repartirse precisamente en ese terreno, bajo el mando de Antonio Chávez, el favorito de los Makitos para seguir apoderados de Reynosa.
