Deudores alimentarios morosos enfrentarían restricciones para realizar actos notariales
La Diputación Permanente del Congreso local aprobó la iniciativa promovida por el diputado Armando Javier Zertuche Zuani para adicionar una fracción VI al artículo 31 de la Ley del Notariado de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer la protección del interés superior de la niñez y garantizar el derecho de alimentos de niñas, niños y adolescentes.
La reforma plantea que las y los notarios públicos se abstengan de autorizar la compraventa o donación de bienes, la constitución o transmisión de derechos reales, así como la creación de sociedades, cuando alguna de las personas involucradas se encuentre inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, salvo que acredite haber cumplido o garantizado el pago de la pensión alimenticia, o exista autorización judicial.
Al presentar el proyecto de dictamen, la diputada Lucero Deosdady Martínez López destacó que la iniciativa incorpora mecanismos de control y verificación que permitirán hacer más efectivo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, al vincular la función notarial con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
«El derecho de alimentos constituye un derecho humano indispensable para asegurar la subsistencia y el desarrollo físico, emocional, educativo y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que su cumplimiento no puede quedar sujeto a la voluntad de quien tiene la obligación legal de proporcionarlos», desatacó Martínez López.
Asimismo, señaló que la medida propuesta no representa una restricción arbitraria al derecho de propiedad ni a la libertad contractual, sino una acción razonable y proporcional orientada a proteger un derecho humano de mayor relevancia, en observancia del principio del interés superior de la niñez.
La legisladora también resaltó que la armonización de la Ley del Notariado con las disposiciones relativas al Registro de Deudores Alimentarios Morosos fortalecerá el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de contribuir a prevenir actos de disposición patrimonial que puedan utilizarse para evadir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Con su aprobación, la acción legislativa fue integrada al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo.
