Lo que no pudieron ganar en las urnas
Fuentes fidedignas.
Por Isaias Alvarez
Hay derrotas que algunos actores políticos nunca terminan de aceptar. No importa cuántas veces los ciudadanos hablen, no importa cuántas veces las urnas decidan, no importa cuántas veces una mayoría exprese su voluntad. Siempre habrá quienes, incapaces de construir una alternativa competitiva frente al electorado, buscarán otros caminos para alcanzar por la vía de la presión, el desgaste o la deslegitimación aquello que no lograron conseguir mediante el respaldo popular.
Por eso vale la pena observar con atención lo ocurrido en los últimos días. Apenas el domingo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a la unidad nacional, a la defensa de la soberanía y al fortalecimiento de un proyecto político que, guste o no guste, ha sido respaldado de manera contundente por millones de mexicanos en las urnas. Fue un mensaje dirigido a quienes entienden que la democracia implica aceptar los resultados cuando se gana, pero también cuando se pierde.
Sin embargo, apenas unos días después aparece una publicación que intenta colocar nuevamente a Tamaulipas en el centro de una narrativa de sospechas, insinuaciones y acusaciones sin pruebas concluyentes. El gobernador Américo Villarreal respondió de manera categórica: negó los señalamientos, afirmó no tener investigación alguna en México o Estados Unidos y aseguró mantener vigente su situación migratoria. La discusión jurídica seguirá su curso, pero políticamente el episodio revela algo más profundo.
Revela la persistencia de una estrategia que se ha vuelto cada vez más frecuente en ciertos sectores. Cuando los votos no alcanzan, se busca obtener en los tribunales mediáticos lo que no pudo conseguirse en las casillas. Cuando la ciudadanía decide en sentido contrario a los intereses de determinados grupos, entonces se intenta sustituir la voluntad popular por campañas de desgaste permanente.
No es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido en distintos momentos de la vida política nacional. La diferencia es que ahora las redes sociales amplifican cualquier versión, cualquier filtración y cualquier especulación a una velocidad inédita. La condena pública se busca primero; las pruebas, si llegan, quedan para después.
El problema es que esa ruta suele tener un defecto de origen: parte de la premisa de que los ciudadanos son incapaces de distinguir entre una investigación seria y una operación política. Y la experiencia reciente demuestra exactamente lo contrario. Los mexicanos han aprendido a separar el ruido de los hechos y a castigar o respaldar gobiernos a partir de realidades concretas, no únicamente de titulares escandalosos.
En Tamaulipas la disputa de fondo tampoco es jurídica, es política. Hay quienes siguen sin aceptar que el estado cambió de rumbo hace varios años y que las decisiones electorales han sido consistentes. Detrás de cada intento por erosionar la legitimidad de las autoridades electas aparece la misma obsesión: revertir por otros medios lo que la mayoría decidió democráticamente.
Porque al final la pregunta es sencilla. Si determinados grupos están convencidos de tener el respaldo ciudadano, la ruta natural es la competencia electoral. Ahí están las urnas, ahí están los votos y ahí está la voluntad popular. Pero cuando la estrategia se concentra más en desacreditar que en convencer, más en destruir que en construir, más en sembrar dudas que en presentar propuestas, termina surgiendo una conclusión inevitable.
Lo que buscan no es la verdad. Lo que buscan es obtener por la presión lo que no han podido ganar con el respaldo de la gente. Y esa es una batalla que, en una democracia, debería resolverse donde siempre se ha resuelto: frente a los ciudadanos y no detrás de una campaña permanente de sospechas.
