Investiga CONAGUA robo de agua en la cuenca del río Guayalejo-Tamesí
• La Comisión Nacional del Agua despliega operativos coordinados con el Gobierno de Tamaulipas desde González hasta Llera para detectar tomas clandestinas y garantizar el abasto en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.
Por Margil Zapata.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Dirección General de la Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua inició un operativo de inspección física y documental a lo largo del río Guayalejo-Tamesí para detectar tomas clandestinas y usuarios fuera de la ley. Jaime Felipe Cano Pérez, titular del organismo, informó que estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, encabezada por Raúl Quiroga Álvarez, motivadas por la entrada en vigor de la Ley General de Aguas.
Abordado por medios de comunicación al mediodía de este martes, el funcionario explicó que el principal objetivo de este despliegue es proteger los derechos de los usuarios legalmente constituidos y, fundamentalmente, preservar el derecho humano al agua en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, cuya única fuente de abastecimiento depende de esta cuenca.
Los recorridos de verificación abarcan desde el sistema lagunario en la zona conocida como Tamesí, en los límites de González, hacia aguas arriba hasta llegar al municipio de Llera, con el fin de inspeccionar los al menos 70 puntos con presuntas irregularidades que fueron detectados el año pasado por Raúl Quiroga. Cano Pérez detalló que hasta el momento se han reportado de manera inicial al menos tres casos de irregularidades en el municipio de González, y no descartó que existan situaciones similares en otras regiones agrícolas de la zona, las cuales ya se investigan para aplicar las sanciones que marca la legislación federal.
«Estamos haciendo las visitas con objeto de preservar el derecho humano al agua, que ese es el objetivo de la nueva ley general de aguas publicada, como les comentaba, en diciembre. Y es también apoyar y preservar los derechos previamente establecidos por todos los usuarios de aguas nacionales que tengan diversas actividades económicas», señaló el funcionario.
Respecto al antecedente de administraciones pasadas que referían la existencia de cincuenta quejas ciudadanas por presunto robo del recurso sin que se hubieran formalizado legalmente, el director general precisó que «la prioridad actual es constatar directamente en el terreno quién está incurriendo en un aprovechamiento indebido».
A pesar de las sospechas de extracciones ilícitas que podrían mermar el flujo de la corriente, Cano Pérez aclaró que los escurrimientos actuales en la cuenca han permitido registrar niveles de almacenamiento históricamente superiores a los de periodos anteriores.
Finalmente, la dependencia federal advirtió que las supervisiones continuarán de manera estricta y que la aplicación de la normativa se ejecutará de forma pareja para garantizar la equidad entre todos los sectores productivos y el consumo doméstico.
«La idea ahorita justamente es verificar y comprobar quién está haciendo un uso inadecuado del agua. Y en ese proceso es donde se actuará. Es una acción conjunta y es actuar conforme la ley», concluyó Cano Pérez.
