Febrero de 2026
Por: Isaías Álvarez
Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que personajes con órdenes de aprehensión vigentes o investigaciones abiertas pretendan acceder a cargos públicos mediante el fuero constitucional, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negara el amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dejando firme la orden de captura en su contra.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre el video difundido por el exgobernador de Tamaulipas, quien atribuyó su situación jurídica a la reforma judicial. Sheinbaum respondió que en México existe presunción de inocencia y derecho de amparo, pero subrayó que ello no puede convertirse en una vía para evitar enfrentar procesos penales.
“No es lo mismo que vivas en Estados Unidos, que tengas carpetas de investigación y no quieras venir al país a enfrentar la justicia, y luego salgas electo senador o diputado plurinominal con fuero”, señaló. “Eso ya no. Tienen que hacer campaña, ir a pedir el voto a la gente; dar la cara”.
La presidenta enfatizó que uno de los ejes centrales de la reforma electoral es impedir que las listas plurinominales funcionen como blindaje político. Indicó que la representación proporcional debe implicar contacto directo con la ciudadanía y competencia abierta en territorio, no designaciones cupulares que eviten el escrutinio público.
Sheinbaum reconoció que el marco constitucional dificulta impedir candidaturas únicamente por la existencia de denuncias, dado el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, advirtió que cuando hay una orden de aprehensión vigente, el debate sobre el fuero y sus alcances debe revisarse con responsabilidad institucional.
Ante integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentes en la conferencia, llamó a analizar la figura del fuero y su pertinencia en el contexto actual. “Estoy conminando a la comisión para que consideren el fuero”, expresó.
La resolución de la Corte no constituye una sentencia definitiva, pero elimina el principal obstáculo procesal que mantenía suspendida la orden judicial contra Cabeza de Vaca. Con ello, el proceso penal retoma su curso mientras se intensifica la discusión sobre los límites entre derechos políticos y responsabilidad penal en el sistema democrático mexicano.
