El magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quien fue investigado por la Fiscalía de Veracruz por presuntos nexos con Los Zetas cuando fungió como subprocurador en Córdoba, fue incorporado a la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Sancionar la Trata de Personas en la entidad.
Al instalar el organismo, el gobernador Javier Duarte dijo que para que haya resultados tangibles será vital hacer una revisión de los llamados “giros negros”.
“Hay que revisar las licencias; mientras existan un mayor número de estos giros, aumenta el índice delictivo de este tema en particular. Sabemos que jóvenes que son sustraídos del seno familiar van a dar a este tipo de establecimientos, por eso tenemos que regularlos y ser más enérgicos”, apuntó.
El mandatario estatal sostuvo que así como la entidad ha logrado asestar los mayores golpes en materia de secuestro, la nueva Comisión deberá trabajar para erradicar la trata de personas de la mano de la Alerta Ámbar y la Fiscalía para la Búsqueda de Personas No Localizadas.
Acompañaron a Duarte a la instalación de la Comisión la presidenta del Congreso local y exreina del Carnaval de Veracruz, Anilu Ingram; el procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo; el secretario de Gobierno, Erick Lagos; la diputada federal Leticia López Landeros; la presidenta de la organización “Unidos contra la Trata de Personas”, Rosy Orozco, y la subsecretaria en materia de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón García.
En la ceremonia ninguno de los oradores hizo alusión a los antecedentes del nuevo integrante de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Sancionar la Trata de Personas, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Lezama Moo.
El nombre del funcionario del Poder Judicial local aparece en diversas ocasiones en la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz por el “fiscal investigador especializado” Pedro Alberto Huesca Barradas, actualmente desaparecido.
En dicha investigación se asienta la declaración ministerial de los supuestos zetas Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, quienes señalaron a 10 funcionarios de la PGJ como colaboradores a sueldo de la organización delictiva, entre ellos Lezama Moo y el subprocurador Jorge Yunis Manzanares.
En el expediente, cuyo contenido fue abordado por el semanario Proceso en su edición 1881, Fuentes Letelier, Trejo Cruz y Valdez Ramírez aseguran que Marco Antonio Lezama cobraba 80 mil pesos mensuales a Los Zetas, a cambio de “entregar” vehículos y tráileres, y “liberar” a integrantes de ese grupo criminal “sin ningún trámite” de por medio.
Como subprocurador de Justicia en la región Xalapa, Lezama Moo también se hizo famoso después de que el 19 de junio de 2013, en un evento del Poder Judicial, señaló que la mayoría de las personas “desaparecidas” y “levantadas” en Veracruz se iban con “la amante” o con “el amiguito”.
Esa declaración causó gran molestia entre los usuarios de las redes sociales y en el Colectivo por la Paz en Veracruz, entidad donde se tienen contabilizadas más de 600 desapariciones en lo que va del sexenio.
“Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino. Se va a la delincuencia organizada, hay de todo, y a ese desaparecido también se le busca y se le da el mismo trato”, sostuvo el magistrado en aquella ocasión.
Entrevistada por separado, la presidenta de “Unidos contra la Trata de Personas”, Rosy Orozco, comentó que tratantes de blancas han señalado que los municipios de Acayucan, Veracruz, Xalapa, Misantla, Naolinco y Córdoba son tierra fértil para que se cometa ese delito.
El “enamoramiento” de jóvenes foráneos que visitan el estado y que fingen tener deudas, así como las agencias falsas de edecanes, son los modus operandi que utilizan los tratantes de blancas en estados como Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Por su parte, la subsecretaria Lía Limón pidió continuar con la estricta “vigilancia” y “monitoreo” de los anuncios clasificados de índole sexual en los periódicos. Eso, apuntó, será vital para combatir los delitos de trata de personas y atender a las víctimas.
La funcionaria federal aseguró que el gobierno de Enrique Peña tiene como una de sus prioridades “coordinar” con cada una de las entidades federativas la atención, sanción y erradicación de la trata de personas.
