Fiscalías, bajo nueva supervisión de datos delictivos
A partir de enero de 2026, las fiscalías del país quedarán sujetas a un esquema formal y permanente de supervisión sobre la captura, actualización y reporte de la incidencia delictiva, conforme a los nuevos Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID).
Las disposiciones, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el pasado 11 de diciembre, establecen obligaciones expresas para la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, con plazos mensuales obligatorios, responsabilidades directas sobre la calidad de los datos y evaluaciones continuas de cumplimiento.
De acuerdo con el documento, las fiscalías y procuradurías generales de justicia de las entidades federativas son consideradas instituciones obligadas, por lo que deberán garantizar que la información enviada al RNID sea “veraz, exacta, completa y correcta”, en concordancia con los datos asentados en las carpetas de investigación iniciadas en las agencias ministeriales.
Los lineamientos fijan que la información correspondiente a cada mes calendario deberá capturarse y remitirse entre los días uno y cinco del mes siguiente, sin excepción por fines de semana, días festivos o de descanso oficial. Cualquier error detectado deberá corregirse dentro de ese mismo plazo.
Asimismo, se establece la obligación de justificar y documentar cualquier reclasificación o modificación de delitos previamente reportados. Para ello, las fiscalías deberán enviar un oficio al Centro Nacional de Información (CNI) en el que expongan los motivos de la modificación, además de incorporar una nota aclaratoria que será publicada en la página oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El esquema contempla evaluaciones mensuales del desempeño de las fiscalías en tres rubros: oportunidad en el envío de la información, suministro efectivo de datos e integridad de los registros. El Secretariado Ejecutivo, a través de la unidad administrativa correspondiente, tendrá la facultad de verificar, supervisar, emitir recomendaciones y documentar incumplimientos.
Los lineamientos también prevén consecuencias administrativas, penales o de otra índole en caso de incumplimiento, y obligan a las fiscalías a adecuar sus sistemas informáticos, su normatividad interna y sus procesos de captura para alinearse a la metodología establecida.
Con la entrada en vigor de estas reglas en enero de 2026, la construcción y corrección de las cifras oficiales de seguridad pública quedará bajo seguimiento permanente, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad y transparencia de la información delictiva a nivel nacional.
