Sin Filtros; Por Brenda Ramos
Tamaulipas, semillero de exgobernadores encarcelados. Antes de que el golpe final llegue, la historia siempre avisa, primero caen los constructores, los operadores, los prestanombres, los secretarios que firmaron sin mirar. Es el preludio clásico del colapso político.
Hoy, ese guion se repite. Francisco García Cabeza de Vaca intenta sostener la narrativa del “perseguido político” mientras su círculo más cercano enfrenta la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el amparo que lo mantiene libre y, mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas ha comenzado a desenterrar la anatomía del saqueo. Solo en octubre, seis exsecretarios de su gabinete y varios directores fueron vinculados a proceso por desvíos superiores a mil quinientos millones de pesos.
La escena recuerda un ciclo que Tamaulipas conoce de memoria. Antes de que Tomás Yarrington fuera detenido en Italia y extraditado a Estados Unidos, sus hombres ya se habían desplomado uno a uno.
El empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, su “constructor favorito” y cuñado del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, fue arrestado en San Pedro, Nuevo León. Cano —también tío del dirigente del Partido Verde, Manuel Muñoz Cano— fue acusado de lavar millones de dólares del Cártel del Golfo a través de empresas en Texas.
Luego cayó Gilberto Lerma Plata, comandante en Miguel Alemán, detenido en McAllen en 2012.
El empresario Antonio Peña Argüelles, testigo clave en el juicio de Yarrington, fue arrestado en San Antonio y confesó haber canalizado 5.5 millones de dólares al entonces gobernador. Su testimonio selló la suerte de su jefe.
A ellos se sumó Luis Carlos Castillo Cervantes, el llamado Rey de los Dragones, detenido en 2015 por lavado de dinero.
El patrón fue el mismo: primero los financieros, después los operadores, al final el exgobernador.
Con Eugenio Hernández Flores, la historia se repitió. Antes de su arresto en 2017, ya estaban bajo la lupa su cuñado y exsecretario de Finanzas, Óscar Gómez Guerra —acusado en Texas por conspiración para lavado—; su secretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado, implicado en la compraventa irregular de terrenos en Altamira; y el empresario Guillermo Flores Cordero, detenido en Estados Unidos por transferencias ilícitas.
Las redes de Hernández también tocaron a viejos socios de Yarrington, como el propio Cano Martínez, que tejió contratos millonarios en ambos sexenios.
Por eso, cuando en Tamaulipas comenzaron a desfilar exsecretarios de Cabeza de Vaca ante los tribunales, se supo que el final está cerca.
El exdirector del ITACE, Fernando Campos Martínez, enfrenta cargos por peculado; Carlos Alberto “Chito” García González, exsecretario de Desarrollo Económico, por uso ilícito de facultades; María de Lourdes Arteaga Reyna, exsecretaria de Finanzas, por abuso de autoridad; cuatro funcionarios de Obras Públicas —Reynaldo Garza Gómez, Eduardo Barrera Peña, Isaías Vázquez Chávez y Armando Cantú Cuéllar—, por desvíos y sobornos; Rómulo Garza Martínez, exsecretario de Bienestar, por uso indebido de atribuciones; y Enrique Nader Nemer, exsubsecretario de Finanzas en Salud, por delitos administrativos.
Todos fueron parte de un mismo engranaje, el que sostenía el poder del panismo cabecista.
El exgobernador no ha dicho palabra. Sus voceros repiten el guion del martirio político, pero los expedientes avanzan. Los casos siguen su curso, expediente tras expediente sobresaliendo un “vinculado a proceso”.
Desde que la Suprema Corte atrajo su caso, Francisco García Cabeza de Vaca vive el tiempo suspendido de los exgobernadores tamaulipecos, el lapso entre la negación y la caída. Lo vivieron Yarrington, Hernández Flores y hasta sus propios secretarios. La historia se repite.
El derrumbe, en este estado, nunca llega de golpe. Empieza con una lista de nombres, con el eco de una audiencia judicial, con una fotografía vieja en el archivo de prensa. Luego, el silencio. Y después, la noticia inevitable: el último de la fila, el que alguna vez gobernó, finalmente cayó.
