El Veracruz de Cuitláhuac: corrupción con fuero y premio federal
Crónicas del Sur
Por José Juan Tomas
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló una realidad que desnuda el verdadero rostro del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez: Veracruz encabeza el ranking nacional de daño patrimonial con más de mil 114 millones de pesos observados en la Cuenta Pública 2024. Una cifra escandalosa que, más allá de los números, representa el fracaso de un proyecto político que se proclamó distinto, pero terminó repitiendo los mismos patrones de corrupción, opacidad y simulación.
El informe de la ASF documenta irregularidades graves en el manejo de recursos destinados a los sectores más sensibles: salud y educación. En el primero, se detectó un daño patrimonial por más de mil 78 millones de pesos, el monto más alto en todo el país. En educación, los desfalcos alcanzan programas y organismos como el CECyTEV, con recursos sin comprobar. La constante es la misma: dinero público sin sustento, obras y servicios que no se ejecutaron, y un silencio administrativo que confirma la falta de transparencia.
Estas cifras no solo evidencian la ineficiencia de un gobierno estatal, sino también una preocupante impunidad institucional. Ninguna autoridad ha respondido, nadie ha aclarado el destino de los recursos, y lo más grave, nadie ha sido sancionado. La ausencia de consecuencias convierte los hallazgos de la ASF en un documento más para el archivo de la impunidad mexicana.
A nivel nacional, Veracruz y Chiapas concentran más de la mitad del daño patrimonial detectado en las entidades federativas. Sin embargo, ambos exgobernadores fueron premiados con cargos federales: Cuitláhuac García fue designado en el CENAGAS, y Rutilio Escandón en el consulado de Miami. El mensaje político es tan claro como preocupante: en el sistema actual, los errores y los excesos no se castigan, se recompensan.
Resulta inevitable preguntarse si la presidenta Claudia Sheinbaum mantendrá su defensa a ultranza de estos personajes, o si reconocerá que los resultados de la ASF exhiben una contradicción profunda entre el discurso moralista y la práctica gubernamental.
El caso Veracruz no es una excepción, sino un síntoma de un modelo que prometió erradicar la corrupción, pero que ha terminado por institucionalizarla bajo nuevos nombres y lemas. La transparencia sigue siendo un concepto decorativo; la rendición de cuentas, un trámite burocrático; y la justicia, un privilegio reservado para los adversarios políticos, nunca para los aliados.
La llamada “Cuarta Transformación” enfrenta su prueba más seria: demostrar que la lucha contra la corrupción no es un estandarte selectivo. Porque mientras los hospitales veracruzanos carecen de medicamentos y las escuelas se deterioran, los responsables de la mala administración gozan de protección y cargos públicos.
La historia reciente nos recuerda que la corrupción no desaparece con discursos, se combate con consecuencias. Y hasta hoy, en Veracruz, las consecuencias siguen ausentes.
