Fuentes fidedignas. Por Isaias Alvarez
El miedo no anda en burro, y esto lo sabe bien el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia mexicana desde septiembre de 2022. El político panista enfrenta un escenario cada vez más cerrado, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa el amparo que lo mantiene fuera de prisión, la justicia tamaulipeca vincula a proceso a varios de sus excolaboradores más cercanos por presuntos actos de corrupción durante su administración.
El expediente del cabezón fue turnado a la ministra Lenia Batres, una de las integrantes más identificadas con el proyecto de la Cuarta Transformación y quien votó a favor de atraer el caso. Su decisión abre la posibilidad de que la Corte revoque la protección que le otorgaron jueces federales y que el exgobernador pierda el blindaje que hasta ahora ha mantenido su libertad.
En paralelo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado continúa integrando causas contra los principales funcionarios del sexenio cabecista. Entre ellos figuran María de Lourdes Arteaga Reyna, Carlos Alberto García González y el exsecretario de Obras Públicas Reynaldo Garza Gómez, conocido como “El Rey”. Todos enfrentan procesos judiciales por irregularidades que, según las investigaciones, comprometieron el presupuesto público y la legalidad de múltiples contratos de obra.
Los nuevos expedientes describen un sistema de desvíos y sobreprecios que vació las arcas estatales durante el último tramo del sexenio. Los montos bajo revisión superan los cientos de millones de pesos y configuran un patrón que la fiscalía considera imposible sin la anuencia del entonces gobernador. En los tribunales del nuevo Poder Judicial de Tamaulipas, Cabeza de Vaca ya no cuenta con la red de jueces y magistrados que lo protegió durante su mandato.
Aislado políticamente, refugiado en Texas y con sus antiguos aliados enfrentando procesos penales, el exmandatario se aferra al discurso de persecución política. Sin embargo, los tiempos judiciales se agotan. La revisión de su amparo en la Corte coincide con el avance de las causas estatales que podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión.
Su margen de maniobra se reduce no solo en los tribunales, sino también en el terreno político. Los cuadros del PAN que en otro momento lo respaldaron guardan ahora una distancia prudente, conscientes de que la defensa del exgobernador se volvió un lastre en vísperas del nuevo ciclo electoral. En la capital del país, el panismo intenta recomponer su narrativa de oposición mientras evita asociarse con figuras marcadas por procesos judiciales. La dirigencia nacional ha optado por el silencio, y en los corrillos legislativos pocos se atreven a pronunciar su nombre. En Tamaulipas, los antiguos operadores de Cabeza de Vaca saben que los reflectores de la justicia pueden volverse contra ellos en cualquier momento.
El caso simboliza una transición de fondo en el estado: la pérdida de los viejos pactos de impunidad que durante décadas blindaron a quienes gobernaron desde la arrogancia del poder. Si la Corte resuelve contra el amparo y la justicia local sostiene las acusaciones, García Cabeza de Vaca se convertirá en el primer exgobernador tamaulipeco en ser procesado en la nueva etapa judicial del país. Más allá del desenlace personal, su historia revela el ocaso de una forma de hacer política basada en el control, la intimidación y el dinero público.
