Por Martín Díaz / La Nube
El Ayuntamiento de Reynosa, encabezado por el alcalde Carlos Peña Ortiz, entregó contratos millonarios a una empresa cuyo representante legal está vinculado a una investigación penal por fraude y falsificación de documentos, un hecho que coloca a la administración municipal bajo sospecha y abre la puerta a graves consecuencias legales.
El 31 de enero de 2025, en un solo día, el municipio firmó ocho contratos por $139,288,160 pesos para trabajos de “embellecimiento”.
Uno de ellos fue adjudicado a Grupo Constructor Navaldez, S.A. de C.V., representado por Alfonso Betanzos Chimely, quien también funge como apoderado legal de Grupo Empresarial DALKA, S.A. de C.V., empresa que el Gobierno de Tamaulipas denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por falsificación de fianzas para obtener un contrato estatal con COMAPA SUR.
El caso DALKA: fraude documentado
La secretaria de Administración estatal, Luisa Eugenia Manautou, confirmó públicamente que se detectaron documentos falsificados presentados por DALKA para acreditar garantías en un contrato firmado el 15 de marzo de 2023.
El procedimiento de rescisión comenzó el 28 de marzo y se concretó el 25 de abril, con notificación oficial el 2 de mayo.
Pese a estas irregularidades, la empresa promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa alegando haber cumplido en tiempo y forma. Sin embargo, el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Béas, presentó pruebas que demuestran que las pólizas fueron emitidas fuera de plazo, el 11 de abril, y gestionadas por un tercero ajeno a DALKA, Mario Montiel Mora, vinculado a otra empresa: Empacadora La Merced, S.A. de C.V.
Este hallazgo confirmó la falsificación y dio pie a la investigación penal.
Empresas foráneas, millones que se van
En lugar de fortalecer la economía de Reynosa, la administración municipal decidió favorecer a compañías foráneas, enviando millones de pesos a otros municipios y dejando fuera a proveedores locales que pudieron generar empleos y desarrollo para la ciudad.
El propio Departamento de Servicios Primarios, con capacidad para realizar estas labores, fue ignorado deliberadamente.
Delitos en puerta
La Ley de Adquisiciones prohíbe que participen en licitaciones empresas con antecedentes de fraude, corrupción o falsificación.
Si se demuestra que el Ayuntamiento conocía los vínculos de Grupo Constructor Navaldez con DALKA y aun así otorgó el contrato, los funcionarios involucrados podrían enfrentar cargos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, coalición de servidores públicos y fraude, con penas que van de dos a doce años de prisión, además de inhabilitación hasta por veinte años y multas millonarias.
Además, los contratos podrían declararse nulos, obligando a la devolución de los recursos y dejando al municipio expuesto a una crisis financiera y política.
Una ciudad que paga dos veces
Los contratos firmados y sellados son más que trámites burocráticos: son pruebas legales que documentan un modelo de gobierno que confunde el servicio público con el negocio privado.
Mientras Reynosa enfrenta inseguridad, basura acumulada y un deterioro creciente en su infraestructura, su presupuesto se utiliza para enriquecer a terceros y beneficiar a empresas que ya están bajo investigación estatal.
La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia y justicia.
Cada peso desviado es una calle sin pavimentar, un parque abandonado, una colonia sin servicios.
Reynosa debe despertar, porque cuando el dinero público se entrega a empresas vinculadas a fraudes, la ciudad paga dos veces: primero con sus impuestos y después con el precio de la impunidad.
