La defensa legal de un constructor tamaulipeco tras una publicación replicada a nivel nacional.
Por Brenda Ramos
Reynosa, Tamps., 27 de agosto.– El ingeniero José Francisco García Flores, representante legal de JF Konstruyendo S.A. de C.V., advirtió en rueda de prensa del 25 de agosto en Reynosa que la falsa vinculación de su nombre con un extraditado compromete su seguridad personal y la de su familia, además de exponerlo a posibles complicaciones migratorias al cruzar a Estados Unidos. El señalamiento también pone en entredicho la estabilidad laboral de más de 50 familias —y hasta 200 o 300 en periodos de obra—, pues en un sector de fuerte competencia entre constructoras, esa percepción lo coloca en desventaja para sostener contratos y mantener en pie una empresa con más de una década de trayectoria y tres décadas de pertenencia a la CMIC. Y todo ello, subrayó, sin contar el daño directo a su honor y reputación personal.
Su seguridad en juego
El punto crucial de la conferencia de prensa del 25 de agosto en Reynosa, que José Francisco García Flores puso sobre la mesa fue uno de los riesgos más sensibles del caso: la seguridad de su familia y la propia. Explicó que, al ser vinculado de manera errónea con un extraditado, queda expuesto a posibles represalias de grupos criminales que podrían interpretarlo como un asociado de aquella persona, a pesar de no tener relación alguna.
El empresario también advirtió sobre otro frente de vulnerabilidad: el cruce fronterizo. Al vivir en una región donde el tránsito hacia Estados Unidos es parte habitual de la vida empresarial, reconoció que una publicación de ese tipo abre la puerta a revisiones, sospechas o incluso restricciones migratorias.
El origen de la polémica
La controversia comenzó tras la publicación de una nota en el portal Artículo 7, en la que se vinculaba a la empresa JF Konstruyendo S.A. de C.V. con José Francisco Mendoza Gómez, uno de los tamaulipecos extraditados a Estados Unidos en fechas recientes, acusado por autoridades federales de delitos relacionados con el crimen organizado y lavado de dinero.
La cobertura fue replicada después por medios como Latinus y Punto por Punto, además de ser comentada en espacios nacionales de radio y televisión, lo que amplificó el señalamiento y reforzó la percepción de gravedad.
En la versión difundida, se llegó a presentar a Mendoza Gómez como apoderado y propietario de la constructora, con supuestos contratos firmados a su nombre. Esa asociación no solo le daba un carácter penal al señalamiento, sino que abría la posibilidad de investigaciones en México y en Estados Unidos, trasladando la sombra del caso a la empresa.
El ingeniero José Francisco García Flores rechazó de manera tajante esa versión: “Niego rotundo y categóricamente que conozco a esa persona, no sé quién sea. No tengo absolutamente nada que ver con José Francisco Mendoza Gómez.”
Para respaldar su deslinde, en la conferencia del 14 de agosto en Ciudad Victoria presentó un oficio dirigido al secretario de Obras Públicas del estado, Pedro Cepeda Anaya, junto con una copia certificada del acta constitutiva de la empresa.
En ese documento se establecía con claridad la composición accionaria: García Flores como apoderado legal, su hijo José Francisco García Mendoza —cuyo apellido compuesto, reconoció, pudo haber generado confusión— y la licenciada Lucina Martínez Hernández. “Aquí está el acta constitutiva, está todo en orden. No sé si por ahí venga la confusión por la similitud.”
El empresario insistió en que la compañía, fundada en 2011, ha trabajado de manera regular con dependencias públicas y clientes privados, siempre cumpliendo con obligaciones fiscales, laborales y administrativas: “Contamos con las actas de entrega-recepción y finiquitos… no tenemos pendientes con ninguna dependencia. Tenemos nuestro REPSE, tenemos todo en orden.”
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) respaldó públicamente al empresario. Sus representantes subrayaron que los afiliados cumplen con requisitos legales y que la institución verifica que las empresas registradas mantengan solvencia y regularidad en sus procesos. La postura buscaba cerrar el paso a cualquier insinuación de irregularidades en el sector.
Las repercusiones inmediatas
Apenas publicada la nota de Artículo 7 y replicada por otros medios, García Flores comenzó a resentir las primeras consecuencias. Algunos proveedores le hicieron saber sus dudas para continuar la relación comercial, mientras que en Tampico un cliente con el que trabajaba habitualmente le dejó entrever –en tono sarcástico–que, debido al ruido mediático, no lo tomaría en cuenta en un proyecto que estaba en puerta, el empresario no sabe si el comentario era verídico o no, pero la duda ya estaba sembrada. Más allá del tono el comentario, reflejaba la incertidumbre que un señalamiento de este tipo puede generar en el ámbito empresarial, pues como mencionó el ingeniero en la rueda de prensa, nadie quiere trabajar con personas que tengan problemas o puedan causárselos a sus clientres.
El impacto, sin embargo, no se limita a los contratos. En juego está la estabilidad de más de 50 familias que dependen de la plantilla fija de la empresa, y de hasta 200 o 300 trabajadores en temporadas de obra. La dinámica de un gremio tan competido como el de la construcción exige no solo solvencia técnica y administrativa, sino también confianza y reputación. Cargar con un señalamiento de esa magnitud lo coloca en desventaja frente a sus competidores.´
La afectación toca también el plano de la trayectoria profesional. Con más de tres décadas en la CMIC y catorce años al frente de su empresa, García Flores subrayó que una publicación sin sustento amenaza con manchar una reputación construida durante décadas de trabajo para él y para la cámara.
Para dimensionar lo difícil de limpiar el golpe a su imagen, recurrió a una metáfora: una noticia falsa, dijo, es como una bolsa de diamantina derramada sobre una alfombra, que aunque se aspire y se lave, siempre deja rastros.
La ofensiva legal
La primera conferencia en Ciudad Victoria tuvo un carácter preventivo. En Reynosa, el 25 de agosto, el discurso cambió: ya no se trataba solo de aclarar con documentos, sino de accionar en tribunales. García Flores informó que el miércoles presentó una demanda civil en el Juzgado Primero de Reynosa y el viernes una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia del Estado contra la periodista, por los señalamientos que lo vincularon erróneamente con un extraditado.
El ingeniero explicó, siguiendo la recomendación de sus abogados, que también presentó la solicitud formal de derecho de réplica, misma que reiteró públicamente durante la rueda de prensa. Expuso que en ningún momento fue buscado para contrastar la información ni se le ofreció un espacio para aclarar, lo que lo llevó a judicializar el caso. En la conferencia también mencionó que existió una fe de erratas publicada con posterioridad, pero con difusión mínima, insuficiente para revertir el efecto que había tenido la nota original al ser replicada por diversos medios nacionales.
El desenlace en tribunales
Con más de tres décadas en la CMIC y 14 años al frente de su empresa, García Flores sostuvo que lo que está en riesgo no es solo su seguridad y prestigio profesional, sino la estabilidad de decenas de familias.
La judicialización del caso, aseguró, no es un acto de revancha, sino una medida de prevención y autoprotección.
Al cierre de este texto, la solicitud de réplica no ha recibido respuesta. El desenlace dependerá de las instancias judiciales, donde el constructor busca no solo limpiar su nombre, sino también proteger el trabajo de quienes dependen de la empresa.
