Fuentes fidedignas. Por Isaías Álvarez
Un hecho que debería ser considerado alarmante pasó casi desapercibido. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, tuvo que alzar la voz hoy en pleno Congreso para exigir que se investigara a dos jueces de la región de Reynosa. ¿El motivo? Ambos, Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, decidieron liberar a presuntos extorsionadores detenidos en flagrancia. ¿Cómo es posible que estos actos queden sin sanción?
De acuerdo con la información oficial, estos jueces revocaron la prisión preventiva de varios individuos relacionados con bandas de extorsión. La decisión, tomada en dos casos particularmente graves, permite que los imputados sigan libres, a pesar de que la evidencia contra ellos es clara. En un estado donde la extorsión es una de las principales amenazas para comerciantes y ciudadanos, esta clase de decisiones no hace sino fortalecer la cultura de miedo que ya se vive en muchas partes del país.
Las preguntas que surgen son muchas. ¿Es este el tipo de justicia que merecemos los tamaulipecos? ¿Cómo es posible que un sistema judicial que debería ser la última línea de defensa contra el crimen, en realidad se convierta en un salvavidas para aquellos que operan fuera de la ley? La indignación crece cuando pensamos en todos los crímenes captados en flagrancia, cuya evidencia es irrefutable, pero que podrían ser desechados por jueces con una clara predisposición a proteger a los delincuentes. ¿Cuántas otras decisiones similares no habrán dejado en libertad a otros criminales?
Quizá la peor parte de este escenario es la falta de una respuesta contundente. Los tamaulipecos, que a diario se enfrentan a situaciones de riesgo, se ven una vez más desamparados por quienes deberían velar por su seguridad. ¿Y qué hace el sistema judicial? Se calla, o peor aún, se pliega ante la corrupción o la inacción. El exhorto del diputado Prieto Herrera a investigar a los jueces puede ser un paso en la dirección correcta, pero es apenas una gota en un océano de injusticia. El hecho de que el propio Congreso tenga que intervenir para corregir lo que está mal, demuestra la falta de controles internos en un sistema que se supone debe ser autónomo, pero que no ha mostrado suficiente firmeza ante quienes ejercen el poder desde la silla judicial.
Este no es un caso aislado. La decisión de estos jueces de liberar a personas implicadas en extorsión es solo la punta del iceberg. En un estado como Tamaulipas, donde los criminales tienen un pie en casi todos los rincones, es más fácil encontrar a jueces y funcionarios que se alinean con los intereses de estos, que a aquellos que luchan por la justicia. Es cierto, la elección popular de jueces se presentó como una posible solución a la opacidad en el sistema judicial, pero casos como este nos hacen preguntarnos si realmente esta medida es suficiente para erradicar la corrupción interna, o simplemente estamos cambiando una cara por otra.
En este escenario de desconfianza, felicito el pronunciamiento de Humberto Prieto Herrera. Como representante del distrito que comprende Reynosa, Prieto ha demostrado tener los tamaños de señalar lo que está mal. Ese exhorto es una medida necesaria, que pone sobre la mesa la falta de transparencia y rigor de ciertos miembros del sistema judicial. No es fácil, cuando los jueces implicados son parte de la misma ciudad, enfrentar este tipo de situaciones con una postura firme, y en este caso, que se haya actuado con la urgencia que el tema requiere.
